Un juez autorizó la renovación del permiso de un comerciante callejero que lleva más de una década vendiendo en Pinamar, pese a no contar con domicilio fijo en el municipio.
El fallo se sustenta en la aplicación de la doctrina de los actos propios, que protege a quienes han actuado de forma constante bajo una situación jurídica determinada, y en el reconocimiento del derecho constitucional al trabajo, garantizado por la Constitución nacional.
Con esta decisión, la autoridad judicial busca asegurar la continuidad de la actividad comercial del vendedor, quien ha mantenido su puesto en la zona durante 14 años, pese a la falta de una vivienda registrada en el distrito.
