La discusión salarial entre el gobierno de Santa Fe y los gremios estatales suele presentarse como una disputa sectorial. Docentes que reclaman por la pérdida de poder adquisitivo y lanzan su Carpa Blanca itinerante, profesionales de la salud que rechazan las ofertas oficiales o policías que denuncian salarios insuficientes y amagan a un acuartelamiento, aparecen como capítulos aislados de una negociación permanente. Pero el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) propone una lectura más amplia, a través de un estudio reciente: detrás de la conflictividad laboral que atraviesa a buena parte de las provincias argentinas existe una crisis de financiamiento estatal vinculada a la caída simultánea de los recursos nacionales y de la recaudación propia.
