Comenzó la segunda semana de audiencias en el juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa y, de momento, nada hace suponer que podrá cambiar la suerte de los ocho acusados por el salvaje crimen cometido al joven de 18 años: los intentos de la defensa (desde pedidos de nulidad hasta un cruce del abogado Hugo Tomei con la joven que le hizo RCP a la víctima) no lograron cambiar el eje de una investigación que acumuló numerosas pruebas incriminatorias.
En ese escenario, las declaraciones que escuchamos hasta ahora y lo seguiremos haciendo hasta fin de enero solo agregan más detalles a una historia conocida y, por cierto bastante, clara: la acusación por “homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y alevosía” le cabe a los ocho detenidos, todos ellos observados no solo por los testigos citados al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, sino también por los distintos videos que registraron cámaras de seguridad privadas y teléfonos celulares particulares.
Sin embargo, se desprendió de la audiencia del jueves un detalle hasta entonces ignorado tanto por la causa como por la opinión pública: el rol de la Policía Bonaerense en el episodio que acabó con la muerte de Báez Sosa. La explicitud de las imágenes (donde se ve a los rugbiers de Zárate golpeando con violencia hasta dar muerte al estudiante de primer año de Derecho) y las pericias médicas y policiales posteriores no dan lugar a otras interpretaciones. Sin embargo, quedó flotando desde la noche del 18 de enero de 2020 una pregunta que se reaviva con las declaraciones de los efectivos: ¿pudo haberse evitado este crimen si la policía se encontraba en el lugar del hecho?
Le Brique queda sobre la Avenida 3, histórica calle principal del comercio y la vida social de Villa Gesell, y se supone que en verano es un sitio caliente a la hora de planear un operativo de seguridad: en esa sola cuadra que va desde el Paseo 102 hasta la Avenida Buenos Aires también convivían bares y una sala bailable; jóvenes, alcohol, hiperestimulación. No es prejuicio, sino experiencia lo que obliga a marcar en rojo esa zona del mapa a la hora de ordenar el dispositivo de control de una temporada veraniega. Algo que, quizás, esa madrugada no ocurrió.
Roberto Gustavo Basualdo, Carlos Aníbal Contino, Fernando Raúl González y Leandro Hipólito Barreca Maidana fueron los policías que declararon el jueves pasado en Dolores. Ninguno de ellos es geselino, al igual que la gran mayoría de los efectivos que verano a verano participan del Operativo Sol, el programa de seguridad que la Bonaerense despliega desde la década del ’80 en los principales destinos turísticos de la temporada alta.
Al igual que en enero de 2020, los policías se abrazaron a la misma explicación: al momento del asesinato de Fernando Báez Sosa, todos se encontraban interviniendo en otra gresca “a la vuelta”. Nunca especificaron el punto exacto de ese “a la vuelta” (que puede ser en 102 y 1, en Buenos Aires y Alameda 203, en Avenida 4 y 204). “Esa noche hubo seis enfrentamientos o más”, apuntó otro efectivo, nuevamente sin ser del todo preciso. Ni siquiera quedó claro de qué se trató aquel conflicto que afectó la atención de los uniformados destinados a esa zona, aunque una lectura simple permite interpretar que no significó algo de gravedad, puesto que ni siquiera hubo detenciones ni actas.
Así y todo, ese episodio en apariencia secundario (una pelea entre pibes disuadida por la Bonaerense, supongamos) hizo que la cuadra caliente de avenida 3 entre 102 y Buenos Aires, en la que se suceden bares y boliches, quedara sin custodia por un largo rato: todo aquel que ocupó la expulsión del boliche de los rugbiers, de Báez Sosa y sus amigos, la emboscada de los primeros a los segundos, la muerte de Fernando y la huída de sus asesinos. Un periodo de tiempo bastante prolongado y en el que no se ve a un solo policía, tal como demuestran sin lugar a duda alguna todos los videos registrados.
El caso escaló en la agenda periodística y fue el tema más impactante de aquel verano, aunque rápidamente la Policía Bonaerense quedó fuera del ojo de la tormenta gracias a la coartada de la pelea “a la vuelta”, de la que tres años después no sabemos absolutamente nada más. El único empleado de seguridad que asegura haber visto el desenlace fatal es Alejandro Muñoz, jefe de los mismos patovicas que echaron a Fernando a la calle del mismo modo que uno manda a un animal al matadero. Dicen que, al narrar lo recordado ante los jueces, lloró. En su momento vio todo desde la vereda de enfrente sin intervenir. El uso (o no uso) de la fuerza se expresó no solo en los rugbiers, sino también en los arietes de la seguridad tanto pública como privada. Entre los que debían estar pero no aparecieron, y los que estaban pero miraron desde enfrente.
