La medida judicial sorprendió a los libertarios cuando el Presidente y buena parte de su gabinete partían rumbo a París. Temen que la decisión reactive una polémica que ya los obligó a retroceder en agosto y vuelva a poner al DNU 70/2023 bajo presión en el Congreso. El fantasma del 2×1 durante el macrismo.
La noticia encontró a Javier Milei y a buena parte de su gabinete prácticamente con un pie en el avión. Mientras la comitiva presidencial terminaba de prepararse para despegar rumbo a París, donde el Gobierno pretende seducir a inversores durante la Argentina Week, la Corte Suprema acababa de reabrir en Buenos Aires uno de los debates que la Casa Rosada creía haber conseguido sacar de la agenda luego de su giro malvinista: la extranjerización de la tierra.
El fallo se conoció pasadas las cuatro de la tarde del martes, apenas una hora después de que hubiera terminado la reunión semanal de la mesa política en Balcarce 50. Los tres miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejaron sin efecto la cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras incluida por Milei en el polémico DNU 70/2023. No resolvieron, sin embargo, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida: cuestionaron la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para promover el amparo.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El efecto inmediato es concreto. Vuelve a quedar vigente la derogación dispuesta por el megadecreto y, con ella, desaparecen las restricciones que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, entre ellas el límite del 15% sobre el territorio nacional, provincial o municipal. Se mantienen, en cambio, las restricciones específicas que rigen para las zonas de seguridad de frontera.
En la Casa Rosada, lejos de celebrar una victoria judicial, eligieron oficialmente el silencio. La primera reacción entre algunos integrantes de la mesa política fue incluso de desconcierto: el fallo no había formado parte de la reunión que acababan de mantener y comenzó a circular cuando la comitiva presidencial ya se preparaba para partir. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconoció a elDiarioAR uno de los funcionarios que suele participar de esas conversaciones.
Milei en un acto por Malvinas en el cenotafio de Retiro.
El problema no es tanto jurídico como político. Durante los últimos meses, Milei convirtió la cuestión Malvinas en uno de los terrenos sobre los que consiguió construir una agenda con respaldos que buscan exceder a La Libertad Avanza. El Gobierno endureció el discurso contra las empresas que operan en las islas sin autorización argentina, avanzó con denuncias y notificaciones, llevó nuevas iniciativas al Congreso y reivindicó el reclamo de soberanía como uno de los ejes de su política exterior. La posibilidad de que extranjeros compren tierra argentina prácticamente sin límites vuelve a meter una cuña dentro de ese relato.
En Balcarce 50 tampoco olvidaron lo ocurrido cuando el Gobierno intentó avanzar en el Congreso con cambios vinculados al régimen de tierras. La reacción social, potenciada por la sensibilidad alrededor de Malvinas, terminó convirtiendo una discusión regulatoria en un problema político. El rechazo de la oposición y la resistencia de sectores aliados obligaron finalmente al oficialismo a retroceder. Ahora, lo que no pudo sostener políticamente reaparece por una vía inesperada.
Rosenkrantz, Rosatti, Mahiques y Lorenzetti.
En el entorno presidencial advierten además acerca del riesgo de que la oposición aproveche la controversia para volver a poner bajo presión al DNU 70/2023 en Diputados. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, plantean. La apuesta, por ahora, es que la controversia pierda intensidad antes de que consiga trasladarse de los tribunales al Congreso y, sobre todo, a la calle.
El fantasma del 2×1
Es que la preocupación no pasa únicamente por lo que pueda ocurrir en el recinto de Diputados. En la memoria política argentina existe un antecedente particularmente potente de una decisión de la Corte que salió rápidamente de los expedientes y terminó obligando a reaccionar a los otros poderes del Estado. Ocurrió en mayo de 2017, con el fallo que habilitó la aplicación del llamado 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. La decisión provocó una movilización multitudinaria y una reacción casi inmediata del Congreso, que sancionó por amplísima mayoría una ley para impedir que aquel beneficio pudiera aplicarse a esos crímenes.
Las dimensiones y la naturaleza de ambos casos son completamente distintas y nadie en el Gobierno imagina, por ahora, una reacción de aquella magnitud. Pero aquel episodio dejó una enseñanza sobre la capacidad de determinados fallos de la Corte para abandonar rápidamente el terreno judicial y convertirse en problemas políticos. Es precisamente lo que algunos funcionarios temen que pueda comenzar a suceder ahora si la discusión sobre la tierra logra ensamblarse nuevamente con Malvinas.
Histórica marcha del 10 de mayo de 2017 contra la aplicación del beneficio del 2×1 para represores.
El momento tampoco ayuda. El Gobierno pretende acelerar durante las próximas semanas la discusión del Presupuesto 2027 para intentar dejar encaminada su aprobación antes de la llegada del papa León XIV. Ese es uno de los principales asuntos que concentra las conversaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, mientras el oficialismo todavía intenta encauzar el conflicto alrededor de Discapacidad. La Ley de Tierras agrega así otro frente a una agenda legislativa que la Casa Rosada pretendía mantener bajo control.
La dificultad para defender la medida públicamente ya había quedado expuesta en agosto, durante la polémica por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entonces, buena parte de las críticas se concentraron sobre Federico Sturzenegger, ideólogo del DNU 70/2023 y también uno de los principales impulsores del nuevo proyecto, que volvía a avanzar sobre las restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros. El ministro quedó prácticamente solo defendiendo la iniciativa y recibió cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, donde varios dirigentes reprochaban que una discusión de semejante costo político hubiera llegado tan lejos sin que nadie quisiera hacerse cargo.
La mesa política de La Libertad Avanza.
Santilli fue uno de los que lamentó puertas adentro que las principales figuras libertarias no hubieran salido a explicar las supuestas bondades de la apertura, aunque tampoco él se puso al frente de esa defensa. La resistencia de los aliados terminó obligando al Gobierno a retirar ese capítulo.
Entre el pacto y la sorpresa
El contraste con la situación actual alcanza incluso al propio Sturzenegger. El ministro que en agosto había quedado expuesto como principal ideólogo de una iniciativa que pocos de sus compañeros de Gobierno estaban dispuestos a defender públicamente ahora tampoco salió a celebrar una sentencia que, en los hechos, rehabilita una parte central de aquella concepción. Tampoco habló el canciller Pablo Quirno, pese a que la discusión sobre las tierras quedó inevitablemente atravesada por la ofensiva diplomática que su propia cartera encabeza alrededor de Malvinas.
La decisión tampoco había sido anticipada a Balcarce 50 desde el Ministerio de Justicia. Ayer mismo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había coincidido con el ministro Juan Bautista Mahiques y su segundo, Santiago Viola, durante la jura de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La sentencia, sin embargo, sorprendió también al Ejecutivo.
Este martes, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había coincidido con el ministro Juan Bautista Mahiques y su segundo, Santiago Viola, durante la jura de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como camaristas.
El episodio se produce, además, después de meses de intensa actividad alrededor de los pliegos judiciales en el Congreso. El Gobierno aceleró el envío de candidatos para cubrir las vacantes acumuladas y consiguió en el Senado acuerdos que requirieron negociaciones con gobernadores y bloques opositores. En agosto, la Cámara alta aprobó en una sola sesión 67 pliegos judiciales con el acompañamiento de todos los bloques, mientras durante septiembre continuó avanzando con nuevas designaciones. La Casa Rosada convirtió esos números en parte del balance de la nueva gestión de Justicia: durante 2026 se completaron 166 vacantes de jueces y fiscales.
La negociación por los pliegos se convirtió así en uno de los canales menos visibles de la relación entre el oficialismo, los gobernadores y la oposición durante los últimos meses. Los acuerdos atravesaron distintos fueros y jurisdicciones y convivieron con conversaciones todavía inconclusas sobre los cargos más sensibles del sistema judicial. Catania y Galván Greenway, de hecho, habían tenido sus propios pliegos demorados durante meses antes de conseguir finalmente el acuerdo del Senado y asumir sus cargos.
El edificio de los tribunales de Talcahuano, donde funcionan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.
La relación entre la política y los tribunales tendrá incluso una pequeña postal en París. Entre los invitados a participar de la Argentina Week viajaron tres magistrados: Richard Gallego, de la Cámara Federal de General Roca, con competencia sobre una región atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta; Eduardo Farah, camarista federal de Comodoro Py, y Sergio Fernández, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, uno de los fueros donde se dirimen los planteos contra el Estado. Durante el vuelo, Milei siguió activo en las redes sociales, pero eligió otros blancos para sus intervenciones. Sobre la Ley de Tierras, nada.
PL/MC
