La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso respecto de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como Vialidad. La cifra quedó establecida en 685.000 millones de pesos, un cálculo que fue cuestionado por las defensas por arbitrariedad, falta de fundamentación, violación del principio de imparcialidad, entre otras objeciones. Pero los tres supremos –Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz– rechazaron los recursos con la aplicación del famoso artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar lo que resuelven. Simplemente dicen que un planteo es inadmisible, como si un caso que incluye condena, detención y medidas patrimoniales sobre una expresidenta no tuviera ninguna relevancia institucional.
