La Corte Suprema deberá resolver la suerte del DNU 366/2025, que dictó el gobierno de Javier Milei como parte de su política “anti-migrantes”. El Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migraciones y la Procuración del Tesoro presentaron un recurso extraordinario en el que le piden a los supremos que suspendan y luego revoquen la sentencia de la Cámara Electoral. El tribunal había declarado nulo el decreto que complicaba el acceso a los extranjeros a la ciudadanía argentina, puso requisitos adicionales y arancelamiento para acceder a la salud y la educación y le sacó al Poder Judicial las decisiones sobre naturalizaciones.
