El bloque político de La Libertad Avanza solicitó la apertura de un proceso de juicio político contra la jueza Pascual, quien había suspendido la Ley Penal Juvenil y fue previamente señalada para una posible suspensión preventiva mientras se investigan los hechos.
En la solicitud presentada, los legisladores demandan que la magistrada sea apartada de forma preventiva hasta que concluya la investigación, argumentando que su decisión vulneró la normativa vigente y generó un precedente polémico.
Esta petición se produce tras la reciente declaración de inconstitucionalidad de la misma ley por parte de otra jueza, lo que ha intensificado el debate en torno a la aplicación de medidas penales dirigidas a menores y la independencia del poder judicial.
