La Justicia española abre una causa contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante

La Audiencia Nacional abre una causa contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante

La Audiencia Nacional admite la querella presentada por dos trabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas.

El juez de la Audiencia Nacional de España Antonio Piña admitió la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En un auto, el magistrado señala que los testimonios de las dos mujeres constituyen “un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”. Cita a declarar a ambas el 3 de febrero de 2027.

En su querella, ambas relataban haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el “relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta, son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.

Respecto a los delitos de lesiones y trato degradante, el juez recuerda que prescriben a los cinco años. La querella, dice el auto, se presentó el 5 de octubre de 2026, así que estarían prescritos los previos al 5 de octubre de 2021. Sólo se podrían investigar, por tanto, los cometidos durante el último mes de la relación laboral salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito. No obstante, esa fecha del 5 de octubre no sería correcta porque la querella, en realidad, fue presentada el 3 de septiembre.

Delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores

El magistrado, por otro lado, rechaza la acusación por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también se incluían en la querella. Señala que la primera querellante “fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social” y que en su contrato “no medió engaño ni artificio alguno”, tal y como se desprende de los mensajes de WhatsApp que se cruzó con una de las gobernantas. “Se le indicó que el trabajo era con 'dormida' y fue aceptado por la querellante libremente. No observamos en la querellante la existencia de una situación de vulnerabilidad como la que se describe en la querella”, recoge el auto.

El juez añade que el salario que se le ofreció a la primera de las querellantes era “el doble en su importe al salario mínimo establecido en el año 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas e incluso se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico”, si bien recuerda que el salario mínimo del país no puede contar como “indicador de un delito de trata”.

A esto suma que tampoco se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones y que pudo abandonar el trabajo cuando lo consideró. O que con posterioridad a su salida, Julio Iglesias también “atendió diversos requerimientos” realizados por ella, como proporcionarle una carta de recomendación o pagarle el finiquito y las cantidades que le debían por vacaciones.

El juez subraya que “las condiciones laborales a las que se dicen ser sometidas tienen su encaje en un delito contra los derechos de los trabajadores y no contra un delito de trata”, si bien se trata de un tipo de penal que no se puede investigar en España porque no existe como tal en Bahamas y República Dominicana, los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos.

La legislación española permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que el caso aún no haya sido juzgado y que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos.

El juez también pone el foco sobre el hecho de que la querella no se dirija contra dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas “a pesar de identificarlas y señalarlas en el relato de hechos como intervinientes directos en las agresiones presuntamente sufridas”. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña.

El magistrado asume que se trata de una estrategia para “lograr” que la querella se pudiera investigar en España al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española. Y asume que no se trata de un “fraude procesal”, dado que “entra dentro del derecho de accionar el limitar el contenido o las personas contra las que se dirige la querella”.

No obstante, en relación con los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores dice que ambas habrían podido participar en los hechos y, por tanto, podrían corroborarlos. Y que sin su testimonio “no resulta comprensible como imputar a Iglesias” esos dos delitos. Entiende el juez que dado que sus testimonios “forman parte de una misma secuencia delictiva y resultan necesarios para comprender la conducta atribuida” al cantante, en caso de investigar esos delitos, se podría “comprometer” su derecho de defensa.

La primera querella ante la Fiscalía

No obstante, el juez Piña matiza que el hecho de que las querellantes dirigieran su denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Iglesias y las dos gobernantas, y que luego en la querella sacaran de la ecuación a esas dos trabajadoras, no se puede considerar un fraude procesal porque “entra dentro del derecho” de las dos víctimas de elegir contra qué personas se dirigen.

Y recuerda, sobre el sobreseimiento de la primera denuncia por falta de competencia que “el archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada”. A lo que añade que “las noticias periodísticas y la existencia referida de una querella por calumnias no constituyen criterios autónomos de admisión o rechazo”.

La decisión del juez Piña llega sólo una semana después de que el magistrado solicitara a las dos extrabajadoras que acreditaran que se cumplía el requisito de doble incriminación en este caso concreto. Es decir, que los hechos por los que se solicitaba que se investigara al artista en España eran también delito en los países en los que presuntamente ocurrieron, en este caso Bahamas y República Dominicana.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.