Por qué el Gobierno sí condona deudas a empresas, cuando dice que "no puede hacer nada" al problema social angustiante de jóvenes, adultos y familias enteras. O por qué propone sucesivos blanqueos que rompen los incentivos a pagar impuestos y llama héroes a los evasores.
Ya pasaron varios meses desde que los datos sobre endeudamiento, pero principalmente mora (es decir “no pago” de las deudas) están en los medios masivos. El Gobierno descarta aplicar políticas públicas para intentar resolver el problema culpando a los endeudados. Aunque el problema se presenta en todo el sistema financiero, la parte más complicada aparece en las “fintech” o billeteras virtuales. Estas plataformas llegaron prometiendo simplificar la vida, “incluir financieramente” a todos. Pero detrás de esa promesa democrática y simplificadora, se comenzó a alimentar un problema social angustiante: el sobreendeudamiento de jóvenes, adultos y familias enteras.
Pero, más allá de dobles varas, ¿por qué el Gobierno sí condona deudas a empresas? ¿O apunta a cuestiones pseudo teóricas como el “moral hazard”? ¿Por qué propone sucesivos blanqueos que rompen los incentivos a pagar impuestos y llama héroes a los evasores? Mientras tanto, el ministro Caputo sostiene que “no puede hacer nada”.
Pero el Gobierno no solo es responsable por una situación que afecta a unas 7 millones de personas, sino que es resultado directo de sus políticas. El crédito aparece en el discurso oficial como la solución mágica a los problemas del crecimiento que excluye a los principales sectores, la destrucción de empleo y la baja de ingresos. Pero esa magia tiene un límite, ya cumplió ese rol en 2025 y ante los problemas de la política económica ya no puede cumplirlo. Ahora solo quedan sus consecuencias. Tampoco podemos olvidar la desregulación de tasas de interés al comienzo de su gestión o el desmanejo de la política monetaria que eleva irresponsablemente las tasas cada vez que el dólar amenaza con subir.
Pero si la razón del endeudamiento son los ingresos que no alcanzan, la solución tampoco puede ser una simple refinanciación porque evidentemente las familias tampoco están en condiciones de pagar incluso con tasas de interés “razonables”. Y este problema es particularmente acuciante ya que las familias de ingresos más bajos e inserciones laborales más precarias son las que mayores tasas de interés pagan.
Casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota.
Créditos que queman y tasas que castigan
Empecemos por el comienzo, ¿por qué se endeudan las 7 millones de personas que luego no pueden hacer frente a los pagos? Dada la magnitud del fenómeno, la clave está en que el ingreso disponible de las familias no alcanza para cubrir sus gastos. Los datos oficiales sustentan tal afirmación, en relación a noviembre de 2023; cerca de 6 millones de asalariados registrados cobran en mayo de 2026 un 5% menos en términos reales, los asalariados públicos se ubican un 18% (con los nacionales un 35%) abajo y los jubilados de la mínima tienen un haber un 10% menor. Además, tenemos 330 mil puestos registrados menos que han sido reemplazados por puestos informales de menor ingreso y calidad. Los datos de consumo muestran lo mismo; los rubros de consumo masivo se encuentran por debajo de 2023, mientras que los de mayores ingresos crecen. En ese contexto, acceder al crédito permitió durante 2025 sostener niveles de consumo. Pero ante el deterioro de la economía y el mercado laboral, se vuelve extremadamente difícil pagarlo.
Pero lo que antes era un proceso más lento y pausado, ahora es muy veloz. En dos “clicks” se puede comprar sin tener fondos, pagar las deudas de tarjeta con préstamos, y múltiples etc. Todo sin ningún tipo de control, información o cuidado por los deudores. Los datos que circulan son claros, Mercado Pago -la principal Fintech del país- tiene costos financieros totales (CFT) que van del 200% a 1000% anual; pero los bancos tampoco se quedan muy lejos y ni que hablar de los circuitos informales de créditos en los barrios. Estamos hablando de tasas de interés que al menos cuadruplican las previsiones de inflación. Como vemos, la política económica de Milei creó la demanda desesperada por crédito y, desregulación mediante, las características de la oferta de estos créditos que hoy son impagables.
Un caso particular dentro de las miles de historias son los jóvenes, la mayor porción entre los deudores y también entre los trabajadores informales. Un lugar donde convergen ambos mundos, son los trabajos de plataforma. Allí las plataformas operan a ambos lados del mostrador: mientras el algoritmo reduce la tarifa porque hay muchos trabajadores conectados y pocos pedidos, ofrecen créditos a tasas usurarias para “compensar” ingresos menores. Ni hablar si se rompe el vehículo o sufre un accidente, para eso también hay créditos. En este caso particular se ve la responsabilidad del gobierno nuevamente, por un lado, permite que las empresas transfieran el riesgo a sus trabajadores y luego, por el otro, habilita el negocio financiero. Y aquí estamos.
Sin embargo, el problema no solo es acuciante y relevante por la cantidad de personas involucradas. También lo es, porque el sistema financiero ante la morosidad responde aumentando aún más las tasas para hacer frente a previsiones de pérdida o intentar compensarlo. Así que, si no hay una solución para los deudores sufren todos, y la economía en su conjunto estará peor. Allí se ve claramente por qué el gobierno debe intervenir con políticas activas y regulación.
Movilización frente a las oficinas de Mercado Libre, el martes pasado.
No es un problema entre privados
El sobreendeudamiento de las familias es, en definitiva, otra cara del modelo de Milei que comprime el consumo de bienes, precariza el empleo y, cuando eso no alcanza para llegar a fin de mes, ofrece crédito caro como única válvula de escape. Atender el problema como una consecuencia social de la política económica es un paso impostergable.
Para eso se necesita regular nuevamente las tasas de interés de todos los agentes del sistema financiero. Aquí no puede haber exclusiones, sean bancos o “billeteras virtuales” todas deben seguir las regulaciones establecidas con topes claros en las tasas y costos que pueden establecer como en la información que deben proveer al cliente.
También debe ser regulada la forma de gestión de esas deudas, prohibiendo las estrategias que se están haciendo conocidas en estos días donde las empresas tercerizadas de cobranza se comunican con cualquier persona vinculada a un deudor con tal de lograr el pago. Ese trato es inaceptable.
En todo esto, no debemos excluir la posibilidad de avanzar por vía penal. La usura está tipificada en el artículo 175bis del Código Penal. Allí claramente se indica que hay usura cuando se presta “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” haciendo prometer intereses desproporcionados. Lo mismo indica para aquellos que adquieran esas deudas e intenten cobrarlas.
Por otro lado, se debe dar curso al debate sobre la multiplicidad de proyectos legislativos que impongan un marco de refinanciación de las deudas bajo ciertas condiciones y ampliar las líneas de crédito de los bancos públicos de manera similar a lo que ya están haciendo el Banco Ciudad y Provincia. A su vez, políticas temporales de extensión de los plazos para determinar las categorías de los deudores o para el inicio de embargos podría ser una alternativa simple para reducir los daños de esta situación.
Lamentablemente, dada la situación económica y laboral y las nulas perspectivas de cambio de la situación, también debemos considerar que aún refinanciando las deudas en condiciones razonables muchas familias no podrán hacerse cargo de ellas. Simplemente no tienen los recursos. En esas situaciones, se debe considerar aplicar moratorias bajo condiciones que permitan a las familias recuperar su solvencia antes de exigirles el repago de deudas imposibles.
Frente a la frase de Caputo, es claro que hay mucho que se puede hacer frente a esta situación. Sin embargo, la principal causa es la política económica que no logra ni dinamizar el crecimiento, mucho menos el empleo y deteriora los ingresos como herramienta antiinflacionaria.
Todas estas iniciativas u otras que puedan surgir adicionales o alternativas son necesarias, pero no suficientes para empezar a mejorar las condiciones de vida de las familias, para eso necesitamos otra política económica.
*El autor es economista del Grupo Paternal y su cuenta en redes sociales es @juanmgrana
