Detrás de estas discusiones hay una pregunta bastante más profunda que la cantidad de nacimientos: cómo responde la política a una sociedad que cambió. Las personas forman familias de maneras distintas, las mujeres participan mucho más del mercado de trabajo, y la maternidad y la paternidad dejaron de ser destinos inevitables para convertirse, cada vez más, en decisiones informadas.
En las últimas semanas, el Gobierno volvió a poner la caída de la natalidad en el centro de la discusión pública. En el Council of the Americas, el presidente Javier Milei la vinculó con el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema previsional. Casi al mismo tiempo, el canciller Pablo Quirno firmó la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una alianza internacional que niega la existencia de un derecho al aborto protegido por el derecho internacional y promueve una concepción restrictiva de la salud de las mujeres y las familias.
Las dos discusiones pueden parecer distintas, pero tienen algo en común: qué respuesta propone el Estado frente a una sociedad que cambió. La caída de la natalidad plantea desafíos reales. No son nuevos ni exclusivos de Argentina. Sin embargo, la respuesta no puede ser reducir las posibilidades de decidir ni intentar recuperar modelos familiares del pasado.
La adhesión al Consenso de Ginebra debe leerse en ese contexto. No se trata de un documento jurídicamente vinculante, no es un tratado internacional ni modifica las leyes vigentes en nuestro país; pero constituye una señal política en la que Argentina decide sumarse a una alianza internacional que propone respuestas del pasado frente a problemas del presente.
Durante las últimas décadas, la sociedad argentina fue construyendo y demandando más herramientas para que las personas puedan decidir sobre sus vidas con libertad. Ese recorrido significó más posibilidades para estudiar, trabajar, formar una familia cuando se desea hacerlo y decidir el propio proyecto de vida. Hoy, el gobierno nacional parece ir en dirección contraria al debilitar las herramientas concretas que permiten hacer efectivos esos derechos.
El Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que se encarga de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y prevenir embarazos no intencionales, cayó en 2024 al 15% de lo invertido en 2023 y a apenas el 7% de la inversión de 2021. A eso se sumó un nuevo recorte de 900 millones de pesos en mayo de 2026.
Las consecuencias de esas decisiones se traducen en miles de personas desprotegidas. La cantidad de adolescentes y mujeres alcanzadas por la provisión nacional de anticonceptivos pasaría de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil en 2026. Si esta reducción se mantiene, como consecuencia de las decisiones del estado nacional se proyectarían 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales. Por eso, hablar de “salud de las mujeres” y de “fortalecer a las familias” mientras se recortan estas políticas representa una contradicción imposible de ignorar.
Elaboración propia en base al Ministerio de Economía, datos publicados hasta el 19/06/2026. Para 2026 se tomó la meta proyectada y la ejecución anual se estimó proyectando el valor alcanzado el primer trimestre.
La evidencia es consistente y demuestra que invertir en salud sexual y reproductiva no solo mejora la vida de las personas, sino que también es una decisión eficiente para el Estado. Cada peso destinado a anticoncepción genera un ahorro equivalente a tres pesos en atención médica y, cuando se consideran sus efectos sobre educación, empleo, productividad y recaudación, el retorno total llega a veinte veces la inversión.
La discusión que importa no es abstracta, es sobre qué país queremos construir. Argentina avanzó durante décadas en la ampliación de posibilidades para que las personas puedan decidir sobre su maternidad o paternidad, continuar estudiando, participar del mercado de trabajo y planificar sus familias. Esos cambios no sucedieron de un día para el otro, fueron el resultado de demandas sociales, políticas públicas, leyes e instituciones que hicieron posibles nuevas formas de vivir. Volver atrás no fortalece a las familias, les quita herramientas.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género creemos que las políticas públicas deben construirse con evidencia y mirada de futuro. Esto significa garantizar información, anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles; sostener los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y mejorar las condiciones materiales indispensables para que cada persona pueda elegir su proyecto de vida.
Frente a un gobierno que propone retroceder a respuestas del pasado, Argentina tiene otro camino posible: cuidar los avances construidos durante décadas, denunciar los intentos de retroceso y seguir ampliando oportunidades que nos permitan ser un país desarrollado.
NG/MG
