El gobierno busca derogar la Ley de etiquetado frontal (27.642, reglamentada en 2022) que promueve una alimentación saludable, aunque es una de las políticas de salud pública de mayor relevancia sancionada durante el último tiempo que ha demostrado su eficacia al fomentar un consumo más responsable de productos alimenticios en la población. Más de 300 organizaciones de salud pública y de defensa de los consumidores sostienen que suprimir la norma supondrá “un grave retroceso en materia de información y protección de la salud”: instan a los legisladores a rechazar el proyecto legislativo impulsado por aliados del gobierno.
