Ocho bloques opositores buscan reunir los 129 votos necesarios para llevar al recinto más de treinta proyectos que atienden la mora de las familias, mientras el Gobierno insiste en que no hay crisis y descarta cambiar de rumbo económico. Sesión clave este miércoles.
La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles 26 de agosto con la convocatoria del oficialismo, pero la oposición prepara una maniobra paralela: solicitar un apartamiento del reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que tienen cajoneados los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El mecanismo, que requiere el respaldo de 129 diputados, obligaría a esos cuerpos a dictaminar en un plazo determinado y habilitaría así el tratamiento en el recinto de una agenda que el bloque libertario evita discutir desde hace meses.
La iniciativa es impulsada por ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis— que además buscan sumar a ese temario la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por diputados de La Libertad Avanza, son las que mantienen sin dictamen a más de treinta proyectos sobre morosidad familiar.
Los números que sostienen el reclamo opositor describen un cuadro de deterioro sostenido. Según datos del Banco Central correspondientes a mayo de este año, la mora de las familias en el sistema bancario llegó al 12,8%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad trepa al 28,7%, con picos de 34,1 por ciento en préstamos personales y 19,4 por ciento en tarjetas de crédito. A esas cifras se suman las del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que calculó en casi seis millones la cantidad de personas en situación de mora o atraso grave, con el 92,3 por ciento de los hogares argentinos sosteniendo algún tipo de deuda y un 44 por ciento que destina más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones.
El Gobierno, sin embargo, mantiene su lectura de que el fenómeno no constituye una crisis. En la reunión de gabinete del lunes, Javier Milei sostuvo que los indicadores de morosidad comenzaron a revertirse y volvió a descartar cualquier corrección en la política económica: “Al populismo no se le gana con más populismo”, repitió, al tiempo que argumentó que un cambio de rumbo pondría en riesgo la credibilidad construida hasta ahora. El mandatario había minimizado semanas atrás el fenómeno atribuyéndolo al consumo asociado al Mundial, al señalar que “se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, una frase que la oposición recuperó como sinónimo de la distancia oficial respecto del problema.
Desde el arco opositor, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó que el Estado debería obligar a una reestructuración de las deudas sin comprometer recursos públicos, y cuestionó tasas de financiamiento que, dijo, llegan a un rango de entre 300 y 500 por ciento anual frente a una inflación que ronda el 30 por ciento. La propuesta resume el eje que la oposición intentará instalar en el recinto: que la discusión no pase por un rescate estatal sino por límites regulatorios a las condiciones de crédito que hoy pagan los hogares endeudados.
El resultado de la maniobra es incierto. Los bloques que impulsan el emplazamiento reconocían estar “más cerca del número” necesario, pero todavía sin confirmarlo, en un Congreso donde la disputa por el temario de cada sesión se volvió un ejercicio recurrente entre el oficialismo, que prioriza los proyectos del Ejecutivo, y una oposición que intenta capitalizar un malestar social que empieza a proyectarse sobre la campaña legislativa de 2027.
Con información de agencia NA
