Las primeras semanas del año estuvieron signadas por un conflicto en el transporte de pasajeros en el AMBA que, según las palabras del ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, tuvo su causa en un “retraso administrativo” en el pago de los subsidios que le competen a la provincia. “No entiendo el lockout patronal”, aseguró el ministro entonces.
En paralelo, la reflexión del titular de la cartera de transporte apuntó, comparativamente, hacia el comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires, e hizo hincapié en lo que respecta al pago del porcentaje de los subsidios al transporte que le corresponde a la Capital Federal. “CABA solo cumple con el 51% -del total que debe abonar en materia de subsidios- y el restante lo esquivan”, remarcó D’Onofrio. “CABA paga cuando tiene ganas”, sentenció.
Según fuentes del ministerio, esta situación quedó expuesta cuando en el 2022, la Nación debió absorber el pago de los subsidios que debía abonar la Ciudad de Buenos Aires durante los dos primeros meses del año. Luego de que la cartera de transporte nacional intime a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con su parte, quien hoy se perfila como precandidato a presidente en Juntos por el Cambio accedió a pagar lo adeudado, pero sólo haciéndose cargo del 51% de lo que le correspondía. “Sin los reclamos que venimos realizando junto a la Nación, la Ciudad no hubiese afrontado ninguna de sus responsabilidades durante el último año”, apuntó D’Onofrio en su momento.
“Cada fallo de la Justicia de la Nación debe ser cumplido”, sentenció Larreta en su reciente visita a la provincia de Corrientes. “No vamos a permitir que el kirchnerismo se lleve puesta la República”, aludió también el alcalde porteño ante el pedido de juicio político que inició el Gobierno Nacional. Desde la perspectiva del ministro de Transporte, aquí radica una contradicción. Resulta que el actual Sistema Integrado del Transporte Automotor (SISTAU) surge de la firma del pacto fiscal en 2018. Validado luego por ley en el Congreso Nacional, el acuerdo celebrado bajo la presidencia de Mauricio Macri lleva la signatura de Larreta.
Bajo esta contradicción entre dichos y hechos, Jorge D’Onofrio reclamó que “Larreta debe pagar la totalidad de los subsidios al transporte y dejar de incumplir la ley”, y señaló que “el jefe de Gobierno porteño no cumple con una ley que él mismo firmó”, en alusión al mencionado pacto fiscal. El funcionario bonaerense especificó que CABA hoy elude el pago de un monto que asciende a 14 mil millones de pesos correspondientes al año 2022. “Con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia”, sentenció el ministro referenciado con Sergio Massa.
“Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”, precisó el titular de la cartera de transporte y ex senador por la primera sección. Desde el ministerio de D’Onofrio aseguraron que el gobierno de Axel Kicillof se hace cargo de la totalidad del compromiso asumido, lo que representa una inversión de 140 mil millones de pesos anuales para el adecuado servicio del transporte público.
La diferencia en los montos que ambas jurisdicciones aportan al sistema de transporte público radican en que la provincia cuenta en el AMBA con 128 líneas provinciales y 112 líneas municipales. En el interior, hay 41 líneas provinciales y 127 líneas municipales. En total son subsidiadas 408 líneas de colectivos en la provincia de Buenos Aires.
La Ciudad, por su lado, sólo aporta sobre 32 líneas del distrito capitalino. O, en definitiva, como aseguró el ministro de Kicillof, no hace. Incluso, en el terreno de la política pública del PRO sobre el transporte público, el gobierno de Rodríguez Larreta será el único que, luego de ocho años de gestión, no extenderá un sólo metro de la red de subterráneos.
Como ya contó este medio, a los fines de subsanar estos desequilibrios, el gobierno provincial en conjunto con el nacional, decidieron avanzar en la formalización de la Agencia Metropolitana de Transporte, el cual es un ente tripartito creado en 2012 y oficializado en 2014 por el decreto 1359/14. Estará constituida por un Directorio compuesto por tres miembros designados por las autoridades intervinientes: Nación, Provincia y Ciudad. A su vez, contará con un Comité Ejecutivo integrado por dos representantes de cada una de los poderes ejecutivos.
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El objetivo primario de la agencia es equiparar a la Ciudad con la Provincia en cuanto al control y a las responsabilidades sobre el transporte que se realiza dentro de cada jurisdicción del AMBA. Hasta el momento, el único encuentro oficial para avanzar en su creación contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, pero desde la cartera conducida por D’Onofrio deslizaron que “hay expectativa en que se sumen” y que se viene trabajando en la designación de los representantes bonaerenses.
En la actualidad, según fuentes del ministerio de Transporte provincial, el gobierno de Kicillof subsidia el 85% del valor del boleto. Hay que tener en cuenta que en el Área Metropolitana de Buenos Aires es el Estado Nacional quien realiza el cálculo de compensaciones de subsidio y la Provincia sólo realiza los pagos. Hay que agregar que, a través de la Resolución 23/03, se establece un precio diferencial gasoil, para los servicios del AMBA, “con una compensación de 20 pesos por litro”. La estimación del consumo necesario para cada servicio es realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Aquel conflicto de principios de enero saldado rápidamente por la cartera provincial, despertó suspicacias a raíz de las conversaciones que existían alrededor del lanzamiento de la Agencia. “Nos atrasamos cuatro días y hay una retención de tareas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se atrasa un mes y no pasa nada", reflexionó D’Onofrio, y finalizó: “me llama la atención y me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera en que se hizo".
Las principales cámaras intervinientes en la mesa de negociaciones y quienes tomaron la decisión de reducir los servicios en aquel momento son la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA).
