El Gobierno que desreguló el crédito ahora responsabiliza a las familias endeudadas, pero el problema excede los contratos privados: compromete a bancos, reguladores y al propio Estado, que debe asumir su responsabilidad y buscar una salida antes de que la insolvencia se vuelva sistémica.
Javier Milei dice que nadie les puso una pistola en la cabeza a las familias que tomaron créditos y ahora no pueden pagarlos. Son contratos entre privados, sostiene, y cada uno debe hacerse responsable de lo que firmó.
Pero esos contratos no se celebraron sobre una tabla rasa. El Estado define las reglas, las condiciones de competencia y los incentivos bajo los cuales empresas y familias toman decisiones. En este caso modificó esas reglas prometiendo más crédito, mejores condiciones y tasas más bajas. Por eso no puede presentarse ahora como un tercero ajeno a sus consecuencias.
La secuencia entre tasa y mora no es todo el problema. Es la evidencia más clara de que la sostenibilidad del crédito se construyó sobre un diagnóstico equivocado.
Después de la desregulación de 2024, el spread entre la financiación de las tarjetas y el plazo fijo pasó de un promedio histórico cercano a veinte puntos a sesenta, setenta y hasta ochenta puntos. No fue un aumento general del costo del crédito. En adelantos, documentos y préstamos prendarios, los spreads se mantuvieron mucho más cerca de sus valores anteriores. En ese momento, la mora todavía estaba cerca de sus mínimos. Primero subió la tasa. Después, la mora.
Y la tasa no solo refleja el riesgo, también puede amplificarlo. Quien paga el mínimo refinancia el saldo y puede deber cada vez más aun mientras cumple. A esas tasas, una dificultad transitoria de liquidez puede convertirse rápidamente en insolvencia.
La desregulación suponía que la competencia ampliaría el crédito y reduciría su costo. Pero el crédito de consumo está lejos de ese mercado ideal: hay pocos oferentes relevantes, información asimétrica, costos de salida y deudores con pocas alternativas. Liberar precios en esas condiciones puede ampliar los márgenes. Que el spread se haya triplicado no demuestra que todo haya sido ganancia extraordinaria, pero alcanza para poner en duda la historia que justificó la política.
Cuando el resultado prometido no llegó, el Gobierno acusó a los bancos, a la oposición y finalmente a los deudores. Nunca consideró la posibilidad de que su diagnóstico hubiera sido, seamos generosos, incompleto. Tampoco basta con decir que las medidas estaban anunciadas: una familia sin ahorros ni acceso a otro crédito no puede protegerse cuando la promesa falla.
Fernando Navajas propuso incorporar la expansión del ecosistema online, incluidas las apuestas, especialmente entre los jóvenes. Es una hipótesis interesante, pero mira principalmente la conducta de los deudores. La estructura de la oferta también cuenta: concentración, segmentación, costos para cambiar de proveedor y regulación financiera. Las apuestas pueden ser parte del problema, pero no son la única falla.
El Gobierno tampoco es ajeno a este mercado porque controla el Banco Nación. El BNA primero se acopló a la suba y ahora ofrece refinanciaciones más baratas. Es una medida necesaria, pero llega mal y tarde, cuando la mora ya existe y el capital original quedó enterrado debajo de sucesivas capas de intereses.
La intervención no se justifica solamente por la magnitud del daño. También se justifica porque el Estado participó en la construcción de las condiciones que lo produjeron. Y porque un problema individual suficientemente extendido deja de ser individual: millones de familias reduciendo su consumo para pagar intereses significan menos ventas, menor actividad y más mora. El contrato puede ser privado, pero sus efectos son macroeconómicos.
Navajas tiene razón en una advertencia importante: una solución mal diseñada puede destruir incentivos y reducir el crédito. No se puede establecer como regla que cualquier deuda será revisada cada vez que pagarla resulte difícil. Pero tampoco parece razonable tratar como capital genuino cualquier saldo producido por la recapitalización sucesiva a tasas exorbitantes.
Sin coordinación podemos terminar en el peor resultado para todos: familias insolventes, bancos que no cobran, consumo deprimido y una pérdida de capital que ocurre de todos modos. Lo primero es que todos reconozcan algo elemental: si no se ponen de acuerdo, buena parte de esas deudas no se va a cobrar.
No hay una fórmula obvia ni una solución sin costos. Una posibilidad sería reestructurar los saldos de tarjetas cuya carga supere cierta proporción del ingreso familiar, sin exigir que la persona haya entrado en mora. También podría reconstruirse la deuda desde su origen, descontar los pagos realizados y recalcular los intereses con una referencia que preserve el capital y una remuneración razonable, pero no la capitalización explosiva observada.
Eso obligaría a los acreedores a reconocer pérdidas respecto de lo que esperaban cobrar. No sería una condonación del capital, sino aceptar que esas deudas no serán cobradas en las condiciones actuales. El saldo resultante podría transformarse en un crédito amortizable a largo plazo, con cuotas compatibles con los ingresos. Si fuera necesario, el Banco Central podría aportar liquidez sin absorber la pérdida.
No es una propuesta cerrada. Es una muestra de que existen alternativas entre condonar indiscriminadamente y fingir que el problema pertenece solamente a dos privados. Administrar esos costos, riesgos e incentivos es el trabajo de la política.
La responsabilidad individual existe. También la de quien presta, la de quien regula y la de quien modifica las reglas prometiendo consecuencias que no se verifican. La política empieza donde termina la ficción de que los resultados de un mercado son apenas la suma de decisiones individuales.
Primero subió la tasa. Después, la mora. Ahora llegó la hora de hacerse cargo.
Fernando Morra fue viceministro de Economía entre 2019 y 2022.
