El Gobierno busca instalar un piso salarial de $1.000.000 para las paritarias privadas, pero la mayoría de los convenios ya supera esa cifra. Mientras celebra la desinflación como motor de la recuperación, sostiene una política de ingresos que contiene los salarios y profundiza el estancamiento del consumo y la actividad.
En las últimas semanas, un anuncio oficial llamó la atención: la intención del Gobierno de impulsar que las paritarias del sector privado tengan un piso de $1.000.000. Detrás de su carácter efectista, el anuncio esconde contradicciones que exponen el laberinto en el que está atrapada hoy el programa económico y, en particular, la política de ingresos.
En primer lugar, la cifra elegida desafía los datos concretos: de los 27 convenios colectivos privados más importantes del país, prácticamente todos ya superan ese umbral; solo el de maestranza se ubicaba levemente por debajo, con una diferencia de apenas $10.000. En segundo lugar, este repentino interés por un “piso salarial digno” contrasta con la licuación sistemática del Salario Mínimo, Vital y Móvil, llevado a un nivel testimonial de $376.000 —apenas el 20% de la canasta básica total de un hogar—. Finalmente, la disonancia es ideológica: mientras el discurso oficial predica que los salarios deben fijarse de manera descentralizada y libre en el mercado (las paritarias deben fijar pisos y el resultado final a nivel de cada empresa), la Secretaría de Trabajo interviene activamente para que las negociaciones paritarias no superen la inflación.
¿Cómo se explica tanta distancia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se hace? La contradicción expresa las tensiones propias de un programa económico cuyo principal pilar de estabilización (junto con el ajuste fiscal) es la contención salarial como ancla antiinflacionaria. Una estabilización con ingresos bajos, y la tolerancia social que eso exige, están en el centro de los desafíos que afronta la política económica.
Salario conformado de categoría inferior sin antigüedad
El problema central: la desinflación ya no es expansiva
La gran apuesta oficial para reactivar la economía es la estabilidad nominal y, en particular, los efectos benéficos de la desinflación: bajo esa premisa, el descenso de la inflación mensual debería traducirse automáticamente en un mayor poder de compra. Sin embargo, en esta etapa del programa, la desinflación ya no funciona como en la recuperación del segundo semestre de 2024.
Hoy la inflación mensual se estacionó en torno al 2%. Pero lejos de motorizar una recuperación, ese escenario apenas alcanza para consolidar el estancamiento de la actividad y de los ingresos. Junto con la meta de superávit fiscal, la política de ingresos oficial impulsa la anemia económica y sostienen el enfriamiento del consumo interno.
Las etapas de la política salarial
Para entender el estado actual de los ingresos conviene repasar las fases de la política salarial durante este gobierno. Tras la devaluación inicial y una recuperación asimétrica hacia fines de 2024, al calor de la primera desinflación, la pauta salarial oficial se volvió muy exigente e impidió que el poder adquisitivo recuperara los niveles previos. Esa tendencia se profundizó desde comienzos de 2025, cuando tanto los ingresos como la actividad empezaron a estancarse.
La situación se agravó drásticamente durante el segundo semestre de 2025. Con la aceleración de la inflación, que llegó a superar el 3% mensual, los salarios reales sufrieron un retroceso severo. El colapso fue inducido por una pauta salarial oficial sumamente restrictiva, que generalizó paritarias por debajo del 1,5%. El sindicato con mayor cobertura, Comercio, llegó a negociar aumentos del 1% mensual durante seis meses. Según el indicador que se use para medirlas, las pérdidas de poder adquisitivo en ese período oscilaron entre el 4% y el 7% en apenas 6 meses.
Precios y salarios de convenio
Frente a ese desplome, el Gobierno no propició una recomposición de fondo. En cambio, optó por un ajuste silencioso: elevó la pauta salarial de referencia al 2% mensual (rango en el que hoy firma la gran mayoría de los gremios grandes, con acuerdos de entre 1,5% y 1,9%), y habilitó de manera cada vez más generalizada el uso de “sumas fijas” extraordinarias o no remunerativas.
Ese esquema híbrido permitió que los sindicatos con mayor poder de presión superaran nominalmente el techo oficial por algunos puntos. Sin embargo, el resultado final es problemático por dos motivos. Primero, genera recuperaciones esporádicas que dibujan un “serrucho”: un mes de alivio queda inmediatamente absorbido por el estancamiento que impone la pauta general. Segundo, profundiza la heterogeneidad y la fragmentación salarial entre sectores, ensanchando la brecha entre los trabajadores con capacidad de negociación y quienes quedan desprotegidos.
Una estabilización inconclusa con salarios bajos
El resultado de esta dinámica es la estabilización de la inflación y de las paritarias en la zona del 2% mensual. Pero esa aparente calma nominal no expresa un éxito distributivo, sino la consolidación de una economía de salarios bajos. La pauta salarial exigente impide recuperaciones sostenidas, mientras que la política fiscal apoyada en el congelamiento de las prestaciones sociales (con la excepción de la AUH, que está indexada) impone una licuación persistente sobre buena parte de los beneficiarios. Así, la inflación del 2% mensual convive con el estancamiento de los salarios y el valor de la AUH, pero licúa mes a mes el resto de las prestaciones sociales.
La opinión pública parece reflejar, cada vez más, las tensiones sobre la tolerancia social. La insatisfacción y el deterioro de la confianza en el Gobierno exponen que el programa económico carece de herramientas para combatir la caída de los ingresos sin poner en riesgo sus propias anclas.
Gasto real en previsión social
Los anuncios resultan efectistas, pero no efectivos. Las medidas parecen más diseñadas para atender la preocupación de los mercados y la opinión pública respecto de la impotencia del gobierno para hacer frente a la situación de ingresos, que a atender efectivamente los problemas. El piso de un millón de pesos para las paritarias es un ejemplo de cómo estas medidas funcionan como señales testimoniales que se esfuman rápido frente a las dificultades concretas de un programa que no logra impulsar el crecimiento de la actividad ni de los ingresos
La estabilidad de precios es, sin dudas, una condición valiosa y necesaria para el ordenamiento macroeconómico. Pero cuando se sostiene sobre las anclas fiscal y salarial, resulta impotente para sacar a la economía de la depresión. Por el contrario, sostenerla en esos términos aumenta el riesgo de perpetuar el estancamiento, convirtiendo a la estabilidad en garante de una economía anémica y de bajos ingresos.
Federico Pastrana y Pablo Moldovan son directores de C-P Consultora
