La matrícula educativa se multiplicó desde el regreso de la democracia, pero esa expansión no fue acompañada por un aumento sostenido de la inversión. Entre 1984 y 2024, el salario docente cayó un 47%, mientras que en los últimos diez años perdió otro 31%. El retiro del Estado nacional del financiamiento profundizó el deterioro y amenaza el futuro de la educación pública.
En artículos anteriores hemos analizado que, a partir de la recuperación de la democracia, las matrículas y la graduación estudiantil han crecido en todos los niveles del sistema educativo argentino. Teniendo en cuenta que la escolaridad primaria ya estaba prácticamente universalizada en 1983, la ampliación de la obligatoriedad hacia el nivel inicial y el nivel medio significó una importante inclusión de nuevos sectores sociales, históricamente marginados, a la escuela. El nivel inicial creció un 243%, mientras que el nivel medio lo hizo un 248%. Este proceso favoreció una fuerte democratización del nivel superior, que multiplicó por 5 el número de estudiantes y por más de 3 el de graduados (GRÁFICO 1). El fenómeno de masificación educativa debió ser acompañado por la incorporación de una gran cantidad de docentes para atender a los nuevos estudiantes.
Los últimos datos muestran que llegan a 1.200.000 los maestros y profesores en los niveles de escolaridad básica. Cabe destacar que este proceso de crecimiento de alumnos y docentes se produjo al mismo tiempo en que el presupuesto educativo, lejos de crecer para acompañar este virtuoso movimiento de democratización, cayó sensiblemente. El resultado de un período en el que se combinó el aumento del número de alumnos y docentes con la disminución de la inversión educativa, produjo un importante deterioro salarial. Teniendo en cuenta que el sueldo de maestros y profesores ya había sido fuertemente disminuido por las políticas de ajuste y ataque al sistema educativo que implementó la dictadura, entre 1984 y el 2024 los salarios se redujeron casi a la mitad (-47%) (GRÁFICO 1). Por lo tanto, es posible afirmar que la democratización cuantitativa del sistema educativo fue financiada por los recursos provenientes de la degradación salarial de sus docentes.
Entre 1984 y el 2024 los salarios se redujeron casi a la mitad
En este contexto, hay que destacar que las políticas presupuestarias hacia la educación fueron pendulares. Luego de las graves caídas salariales que se produjeron junto al proceso hiperinflacionario de fines de la década de los 90 y de la salida de la convertibilidad a comienzos del siglo, las políticas de privilegiar la inversión educativa aplicadas a partir de 2003 y, en particular, la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo permitieron una fuerte recuperación de los sueldos (Gráfico 2). Un reciente trabajo realizado por Alejandro Morduchowicz muestra que la aplicación de la Ley permitió un incremento salarial real del 36% en el período 2005-2015. A partir de ese momento, con la excepción de los años 2019-2023 donde se mantuvo nivelado, la caída salarial fue abrupta. En los últimos 10 años el salario docente promedio en Argentina cayó un 31%. Más de la mitad de esta reducción se produjo en el primer año de gestión del gobierno de Milei. El mismo trabajo señala que, en la actualidad, el salario docente es casi un 8% menor que en el 2005, momento en que se comenzó a aplicar la Ley de Financiamiento, inconstitucionalmente derogada a partir del presupuesto 2026. Una de las principales causas de esta enorme caída es el retiro casi total (-80%) del Estado nacional del financiamiento de la educación básica. Un estudio efectuado por Agustín Claus pone en evidencia que la transferencia nacional de recursos a las provincias por alumno, que había alcanzado el máximo en 2007, se redujo en valores constantes, a la cuarta parte en 2025. El impacto de la eliminación total del FONID, aporte nacional que se conquistó a partir de la lucha de la Carpa Blanca y que significaba entre el 8 y el 15% del salario docente según la provincia, también contribuyó al aumento de la brecha entre docentes de diferentes jurisdicciones. En algunos casos, como plantea un documento reciente del CIPPEC, esta desigualdad llega a más del 50%. 22 de las 24 provincias vieron disminuir sus salarios respecto de 2023. Alguna de ellas, como el caso de San Luis, requerirían un aumento de más del 50% para recuperar los ingresos docentes. En Salta, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, alrededor del 30%.
Las políticas de privilegiar la inversión educativa aplicadas a partir de 2003 y, en particular, la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo permitieron una fuerte recuperación de los sueldos
Las consecuencias de este fenómeno de deterioro salarial y de las condiciones de vida de los docentes sobre el proceso de enseñanza son evidentes y se agravan por el encuentro en las aulas con alumnos de grupos sociales de reciente incorporación, que provienen de familias que están en situación de pobreza, que también se expandió desde 1984 (Gráfico 1). Los docentes deben relegar gran parte del tiempo y esfuerzo dedicado a la función de enseñanza para atender problemas vinculados a las necesidades sociales de los alumnos: a contener, dar de comer, acompañar las situaciones familiares difíciles, de violencia, etc. El ámbito escolar donde se produce este encuentro también se encuentra deteriorado, ya que los programas de infraestructura, equipamiento, provisión de laptops y libros, y conectividad, dependientes de la autoridad nacional, han sido discontinuados. Por otra parte, a estas situaciones de precariedad se suma que han sido casi totalmente desmanteladas las posibilidades de formación docente continua a partir de los programas que llevaba adelante el Instituto Nacional de Formación Docente. El trabajo anteriormente citado de Agustín Claus muestra que el presupuesto nacional para acciones de formación docente cayó un 84% entre 2023 y 2024. Todas estas situaciones se ven agravadas porque el deterioro salarial ha obligado a que muchos docentes deban contar con un trabajo extra para poder llegar a fin de mes, tomando en cuenta que más de la mitad de ellos son jefes/jefas de hogar. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en 2024, el 24 % de los maestros y profesores desempeñaban otra actividad laboral aparte de la docencia. Una de las principales consecuencias hacia el futuro de esta difícil situación es la pérdida de nuevas vocaciones docentes entre los jóvenes. En los últimos 8 años, la matrícula de la formación de maestros y profesores en Instituciones de Educación Superior ha caído un 20 %. De continuar esta tendencia, la docencia se convertirá en una “especie en extinción”.
Numerosas investigaciones han mostrado que el deterioro de las condiciones salariales y de trabajo docente es una de las principales causas de la caída de la calidad educativa. Sin embargo, estos mismos trabajos muestran que la mejora de estas condiciones es un factor necesario, imprescindible, pero no suficiente para elevarla. Son necesarias transformaciones profundas a nivel institucional, de la carrera y la formación docente y de actualización de contenidos, entre otros aspectos. Se requiere que ambas políticas, de reparación y de transformación, se implementen en forma conjunta y que se transformen en políticas de Estado, porque estos procesos, para tener éxito, exigen un mediano y largo plazo que supera los calendarios electorales. Es necesario recuperar los objetivos planteados en las Leyes de Financiamiento, Educación Técnica y Educación Nacional y abordar las asignaturas que continúan pendientes y avanzar en los nuevos desafíos que se han abierto a partir de las enormes oportunidades que significan las transformaciones tecnológicas aplicadas a la enseñanza.
Existe una oportunidad histórica: la importante baja de la natalidad que empieza a impactar en el sistema educativo. Frente a aquellos que, como el actual gobierno, ven este proceso como una oportunidad para profundizar el ajuste y reducir más aún el presupuesto, es necesario elaborar propuestas que, junto con mejorar los salarios, permitan dotar a las escuelas de los recursos profesionales que apoyen la tarea del docente y permitan la capacitación permanente, así como de equipamiento y conectividad que posibiliten el acceso igualitario a las nuevas tecnologías.
Hace pocos días, el gobierno de Milei pretendió amedrentar a los docentes que quisieron hacer uso del derecho a huelga para poner de manifiesto las difíciles condiciones por las que atraviesan las escuelas, apelando a la reforma de la Ley que propone que la educación es un servicio “esencial”. No hace falta mucho conocimiento para consultar en el diccionario qué significa la calificación de esencial: “…es algo que es muy importante, fundamental o absolutamente necesario para que algo exista o funcione bien…”. Una educación de calidad para todos es esencial para construir un país con mayor crecimiento y calidad de vida para sus habitantes. Para lograrlo, necesitamos que quienes son los profesionales responsables de llevar esta tarea a cabo, los docentes, sean reconocidos con las condiciones de trabajo dignas que la importancia de la formación de las nuevas generaciones argentinas requiere.
