El Estado ha decidido suspender 21.812 prestaciones por invalidez y otorga a los beneficiarios un plazo de 30 días para aportar la documentación requerida.
Las autoridades anunciaron que, a partir de hoy, esas pensiones quedarán en pausa mientras se verifica la elegibilidad de cada caso. La medida busca asegurar que los recursos se asignen únicamente a quienes cumplan con los criterios legales.
Los titulares de las prestaciones tendrán un mes para presentar los documentos que acrediten su situación de invalidez. De no hacerlo, la ayuda económica podría ser cancelada definitivamente.
