El gobierno de Javier Milei desmantela la unidad encargada de salvaguardar la información estatal y, al mismo tiempo, una nueva norma limita la oferta de proveedores a un reducido conjunto de compañías estadounidenses.
El Ejecutivo argentino ha decidido eliminar la dirección responsable de la seguridad de los datos oficiales, argumentando una reestructuración del aparato estatal. Esta medida forma parte de una serie de cambios que buscan reducir la burocracia y centralizar funciones.
Paralelamente, una resolución reciente establece que solo un puñado de empresas de los Estados Unidos podrán participar como proveedores en el sector, lo que reduce considerablemente la competencia y concentra el mercado en pocos actores internacionales.
