El Ejecutivo aprobó la actualización del marco penal juvenil, sustituyendo la legislación de 1980 y modificando tanto la edad de responsabilidad como el régimen de penas para menores.
Con la reciente normativa, el umbral de imputabilidad se eleva, lo que implica que los adolescentes menores de la edad establecida ya no serán juzgados bajo el mismo régimen que los adultos. Además, se introducen medidas alternativas y sanciones diferenciadas que buscan una mayor reinserción social.
El proyecto, que sustituye la legislación de hace más de cuatro décadas, contempla un esquema de penas que combina medidas educativas, trabajos comunitarios y, en casos graves, internamiento en centros especializados, adaptándose a la gravedad del delito y la edad del infractor.
