El Gobierno debió asumir una trascendente derrota política como consecuencia del episodio del grotesco personaje, símbolo del mileísmo anticasta y de su ficcional honestismo. Los editorialistas estrellas simulan que hubo un “borrón y cuenta nueva”, instalando la idea de que el caso fue resuelto higiénicamente, por lo tanto se transita un estado de pureza. “Liberados” de oprobiosas inmoralidades, el establishment reclama que “su” gobierno active sin demoras las reformas pendientes. Las corporaciones empresarias, tanto las extranjeras como las de la burguesía nativa se lanzaron a exigir la ejecución de la nueva fase del modelo, demorada por la conducta díscola y obcecada de su pupilo y la hermana. Cierto es que no descuidan la batalla cultural: se apropian de la idea “reformista” que simboliza y refleja históricamente a las transformaciones progresistas y populares que rompen anacronismos conservadores. Ahora los reformistas van por la engañosamente bautizada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, como si estuviéramos viviendo épocas de confiscaciones de tierras, reformas agrarias o impuestos a su renta potencial, como imaginó el Ingeniero Giberti en épocas de progreso verdadero para el pueblo y el país. Para completar la operación privatista y extranjerizadora de nuestros recursos naturales en zonas ricas en minerales, agua, glaciares y alimentos, van también por la mutilación de la Ley de Manejo del Fuego para “liberarle” el negocio a los incendiarios, quienes luego de practicar su piromanismo, compran esas tierras a precio de saldo, para construir complejos hoteleros o inmobiliarios. La exigencia perentoria está dirigida abiertamente tanto a diputados, senadores, gobernadores de las derechas clásicas, caudillismos localistas disfrazados de federalismo, como a peronistas “amigables” quienes no trepidan en votar contra los principios básicos de su doctrina: soberanía política, independencia económica y justicia social.
