Desde Lima
La represión contra las protestas populares sigue sumando muertes. Se ha elevado a 18 los fallecidos en la ciudad de Juliaca, en la región altiplánica de Puno, fronteriza con Bolivia, durante las masivas movilizaciones del lunes contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de mayoría de derecha que la respalda. Diecisiete de los fallecidos son manifestantes, baleados por la policía. La otra víctima es un efectivo policial. En un mes de gobierno ya son 46 los fallecidos -39 por disparos de la policía y el ejército- durante las protestas que estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo. Esta represión y las muertes alimentan la indignación popular y las protestas. Crecen las demandas para que renuncie Boluarte.
Según el gobierno, la policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca, causando las 17 muertes y más de un centenar de heridos. Ha justificado esa respuesta policial. No es cierto que todos los muertos cayeron cuando intentaban tomar el aeropuerto. Y el intento de tomar un aeropuerto no justifica en ningún caso disparar contra pobladores desarmados, o “armados” con piedras, como ha hecho la policía. La primera muerte fue la de un vendedor ambulante de 35 años, que recibió un balazo en la cabeza. Durante el resto de la tarde y la noche con cada reporte aumentaba el número de víctimas. Uno de los caídos por los disparos de la policía es un menor de 17 años. Un estudiante del último año de medicina, Marco Samillán, fue asesinado por una bala disparada por la policía cuando estaba auxiliando a los heridos. Cristian Mamani, de 22 años, cayó muerto por los disparos cuando corría escapando de las bombas lacrimógenas. Todos los fallecidos recibieron impactos de balas o perdigones. Fue una masacre.
La situación estaba fuera de control, con los pobladores muertos y heridos sumándose, cuando un grupo incendió un patrullero, muriendo el policía que estaba dentro del vehículo y no pudo escapar. Un supermercado y una tienda fueron saqueados. Cerca de Juliaca, en la ciudad puneña de Ilave fue incendiada la casa del congresista Jorge Flores, del partido centroderechista Acción Popular. La trágica muerte del policía ha sido ampliamente explotada por el gobierno, la derecha parlamentaria y los medios para criminalizar las protestas. Se informó de 75 policías heridos.
La Fiscalía ha iniciado investigación a Boluarte, el jefe del gabinete ministerial y los titulares de Defensa e Interior por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en diciembre y enero. Organizaciones como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas en el Perú, entre otras, condenaron las muertes en Juliaca y exigieron al gobierno detener las muertes y una investigación y sanción para los culpables por la cruenta represión.
El gobierno ha respondido justificando el accionar de las fuerzas de seguridad en la represión y acusando, sin evidencias serias, a los manifestantes de terroristas y estar financiados por el narcotráfico e “intereses extranjeros” en alusión a Evo Morales. Acusaciones que son como arrojar gasolina sobre el fuego de la indignación popular. El expresidente boliviano rechaza las acusaciones del gobierno peruano, que le ha impedido el ingreso al país. “En nombre de la paz y la justicia social exigimos que paren la masacre de nuestros hermanos del Perú”, señaló Evo.
El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, amenazó con más represión. “No vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno”, anunció en un mensaje el lunes en la noche, con el país conmovido por las muertes en Juliaca. Eludió la responsabilidad del gobierno por las protestas y las muertes que ha dejado la represión, y culpó por lo ocurrido al expresidente Castillo, encarcelado hace un mes. Lo sindicó, sin presentar evidencias, de mover las protestas desde la prisión.
Los muertos de Juliaca
El martes Juliaca amaneció con el dolor de sus muertos. Hubo un velatorio colectivo en las calles de la ciudad. “Hay muchas heridas abiertas, esto es irreconciliable. La única salida es la renuncia de Dina Boluarte”, señaló el gobernador de Puno, Richard Hancco. En otras ciudades andinas hubo movilizaciones en solidaridad con las víctimas de Juliaca y exigiendo la renuncia de Boluarte. Se declaró tres días de duelo regional en Puno. En esta región y otras del sur andino continúan las movilizaciones antigubernamentales y un paro regional. Puno está paralizado. Se mantienen los bloqueos en varias vías en distintas regiones, incluyendo tramos de la Panamericana sur. Pobladores de Puno y otras regiones andinas han anunciado una marcha a Lima. El gobierno amenaza con no dejarlos llegar. El martes arribó a Juliaca una comisión del gobierno para buscar un diálogo. Las declaraciones del jefe del gabinete ministerial apoyando la represión y criminalizando a los manifestantes aleja el diálogo.
Con las muertes por la represión sobre sus espaldas, Otárola se presentó este martes ante el Congreso para pedir el voto de confianza al gabinete ministerial, necesario para ser ratificado. Cuando Otárola y los otros ministros llegaron al Congreso fueron recibido por legisladores de izquierda a los gritos de “asesinos”. Congresistas pusieron en el piso del hemiciclo fotos de las víctimas de la represión y se pararon frente a los ministros levantando carteles que decían “Gabinete de la muerte”, “Asesinos fuera”, “Paren la militarización”. Los ministros permanecieron sentados en silencio. Desde las bancadas de la derecha y ultraderecha les gritaban “terroristas” a los congresistas de izquierda que protestaban frente a los ministros por la represión. La sesión parlamentaria tuvo que suspenderse. Cuando se reanudó, Otárola comenzó su discurso para pedir el voto de confianza haciendo una apología a la represión que ha disparado contra los manifestantes. Alzó la voz para elogiar y agradecer a las fuerzas de seguridad. “Honor y gloria para la Policía y las Fuerzas Armadas”, gritó. Solo le faltaba el uniforme. Desató el entusiasmo de legisladores fujimoristas y otros de ultraderecha, que se pusieron de pie para aplaudirlo. Como si estuviera fuera de la realidad, Otárola dijo que el gobierno, jaqueado por masivas protestas, está fortalecido.
Legisladores de izquierda responsabilizaron al gobierno por las muertes, exigieron la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones para este año y el juzgamiento de los responsables, directos y políticos, de estas muertes. Desde la derecha defendieron al gobierno, minimizaron las muertes causadas por la represión, atacaron a los manifestantes repitiendo lo de terroristas, pidieron más represión y como si estuvieran en otro tiempo culparon de todo a Castillo. Al cierre de esta nota continuaba el debate sobre el voto de confianza. Con el apoyo ya anunciado de la derecha y la ultraderecha el gabinete tenía asegurado el voto de confianza.
