En contraste con el nuevo discurso del Gobierno, en la Jefatura de Gabinete tramita desde hace meses un recurso de revisión contra la cancelación del permiso original del aparato de LeoLabs, que opera con satélites. En la Legislatura de Tierra del Fuego se armó una comisión investigadora y hay expedientes judiciales en curso.
El radar de capitales ingleses instalado en Tierra del Fuego sigue en pie y ahora le podría generar un dolor de cabeza extra al Gobierno, en medio de la repentina “malvinización” de Javier Milei. Es que más allá del discurso oficial, en el ámbito de la Casa Rosada está demorada la inhabilitación definitiva del aparato constuido por la empresa LeoLabs, según pudo saber elDiarioAR.
El radar está instalado desde 2022 en un campo rural conocido como estancia El Relincho, sobre la Ruta Nacional 3, en la localidad de Tolhuin, a unos 100 kilómetros de Ushuaia y 600 de las Islas Malvinas. LeoLabs, la empresa que lo opera, es una firma fundada en California en 2016 que combina capitales estadounidenses con una porción británica. Desde el Gobierno siempre negaron que el equipo sirva para espiar a la Argentina, aunque los propios informes técnicos del Estado en los que se basó la Justicia para fallar en contra de la empresa hablan de una “funcionalidad dual”.
En el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación —hoy a cargo de Diego Santilli— tramita desde hace meses un recurso de revisión presentado por LeoLabs contra la cancelación del otorgamiento original que había dispuesto la Secretaría de Telecomunicaciones para instalar el radar. Ese procedimiento, todavía sin resolución, confirma que la empresa continúa activa en la defensa de sus habilitaciones. Ya elDiarioAR había revelado en abril pasado que el expediente sobre la situación del radar había llegado al Ministerio de Defensa, que conduce el militar Carlos Presti, a fines de noviembre pasado, proveniente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su recorrido siguió a la Cancillería –de Pablo Quirno– y encontró un nuevo freno en la Jefatura de Gabinete, que hasta hace poco estaba a cargo de Manuel Adorni.
La conexión mileísta con el radar viene desde el momento mismo de la asunción del libertario. LeoLabs se apuró apenas llegó Milei e interpuso el 21 de diciembre de 2023 un “recurso de reconsideración”. Esa gestión legal se completó con un aceitado cabildeo de los fundadores y directivos de la empresa con diferentes funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas. En esas reuniones, según reveló Infobae, hubo presencia de la Embajada de Estados Unidos. Incluso el año pasado hubo un pedido velado para que el radar se ponga en funcionamiento cuando viajó a Ushuaia el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Alvin Holsey, luego de visitar a Mileien la Casa Rosada
El expediente en el gabinete nacional puso bajo la lupa las cuestiones técnicas del radar, concretamente si podría hacer análisis del territorio argentino, cuando la empresa siempre argumentó que el aparato sirve para observar y estar en contacto con satélites espaciales. “Se inició un proceso de revisión de los datos que el radar puede transmitir, si puede hacer espionaje o no de manera horizontal, digamos, no solo hacia el cielo”, planteó a elDiarioAR una fuente que siguió de cerca del derrotero del expediente.
Hasta el año pasado, LeoLabs identificaba al radar de Tolhuin en un mapa de su red de radares en su página web. Estaba señalado como “en proceso”. Actualmente, ya no aparece el punto en Tierra del Fuego.
El radar de Leolabs sigue instalado en Tolhuin, Tierra del Fuego.
Comisión investigadora
La polémica nacional tiene, además, un correlato político local. En la Legislatura de Tierra del Fuego se creó una Comisión Especial Investigadora sobre el radar y este martes tiene una nueva reunión de sus muembros. El cuerpo de legisladores busca esclarecer el origen y la situación del radar, una pesquisa que ya lleva varios meses y acumuló unas cinco mil fojas de documentación.
La comisión, integrada por representantes de ocho bloques —a cargo de Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino— reconstruyó con prueba documental que la instalación comenzó a gestarse a fines de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. El proyecto tuvo suministro eléctrico en 2022, otorgado por la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, y luego un permiso precario de funcionamiento tras la intervención del Enacom. “La autoridad nacional nunca pudo haber otorgado la autorización precaria de funcionamiento del radar si la empresa no lo hubiera podido acreditar” ante los organismos provinciales, sostuvo Villegas en declaraciones a la prensa local.
El legislador fueguino descartó la versión de que el trámite se hubiera originado en una gestión del CEO de LeoLabs ante la embajada argentina en Estados Unidos, aunque elDiarioAR supo de fuentes gubernamentales que hubo un fuerte cabildeo del entonces representante argentino en Washington, Jorge Argüello.
¿El radar funciona o no?
La polémica sobre el radar también tiene un frente judicial abierto. El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Gustavo González resolvió en abril la nulidad del otorgamiento de la habilitación del radar “por razones de interés público”, en una causa que había impulsado la Inspección General de Justicia (IGJ) con el objetivo de disolver directamente a la sociedad LeoLabs Argentina. González no hizo lugar a ese pedido de disolución, pero sí anuló la habilitación con el argumento de que el radar tiene una “funcionalidad dual”: esto es, monitoreo de basura espacial pero también capacidad para relevar “otro tipo de situaciones”.
Dichas funciones comprometerían la defensa nacional, según los informes del Ministerio de Defensa en los que se apoyó. LeoLabs apeló esa sentencia e hizo reserva de caso federal, lo que anticipa su intención de llevar el conflicto hasta la Corte Suprema si la Cámara Civil, donde el expediente está ahora bajo revisión, confirma el fallo.
Hay, además, otro expediente en danza. La Municipalidad de Tolhuin inició en 2023 un sumario administrativo contra LeoLabs Argentina por una obra irregular: el cercado del predio y la instalación de las antenas sin los permisos municipales exigidos. Eso derivó en una multa de 1.000 unidades punitorias (unos $868.000 más intereses) y la orden accesoria de demoler las estructuras.
Protestas en Tolhuin contra el radar inglés.
Cuando el municipio intentó ejecutar esa sanción por la vía judicial, el juez de Tolhuin se declaró incompetente por entender que se trataba de una cuestión de derecho administrativo y no de un conflicto civil común, y remitió la causa al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. El máximo tribunal provincial se declaró competente el 30 de marzo pasado, con lo que la demanda por el cobro de la multa y la demolición de las antenas quedó, una vez más, en una instancia previa a cualquier resolución de fondo.
A la incertidumbre legal se suma la operativa: según la información que maneja la comisión legislativa, el radar no estaría actualmente en funcionamiento, aunque la infraestructura física permanece intacta en el predio desde el día de su instalación.
Villegas fue cauteloso: “La Comisión aún no cuenta con un informe técnico fehaciente que certifique que el radar está fuera de operación”. Por eso los legisladores solicitaron que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) envíe un comité de expertos a Tierra del Fuego para despejar esa duda, que surgió tanto de una declaración testimonial del exsenador radical Pablo Blanco como de constancias documentales reunidas por la propia comisión. No todos los funcionarios provinciales colaboraron de la misma manera: mientras un exsecretario de Energía prestó testimonio, el exdirector provincial de Energía, el ingeniero Macini Loiácono, no se presentó pese a haber sido convocado.
El resultado es una maraña de al menos cuatro expedientes —el recurso administrativo en la Jefatura de Gabinete, el de la IGJ contra la sociedad, el del municipio de Tolhuin por la multa y la demolición, y el de la comisión investigadora en la Legislatura fueguina— que mantiene sin resolución definitiva la situación de un radar ubicado a 600 kilómetros de las Malvinas. La coincidencia de tiempos no es menor: mientras la Casa Rosada profundiza su discurso de soberanía sobre las islas, el propio Poder Ejecutivo nacional mantiene abierto, sin resolver, el trámite que podría terminar de sellar la baja definitiva de un radar extranjero instalado muy cerca de las islas.
