La oposición en la Legislatura porteña ratificó que llamará a interpelación al titular del Instituto de la Seguridad Pública porteña (ISSP), Gabriel Unrein por los “nombramientos irregulares” como investigadores de esa institución a la jueza María Eugenia Capuchetti y el suspendido ministro Marcelo D’Alessandro.
El escándalo surgió luego de que el gobierno nacional revelara que la magistrada que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner había sido contratada por ese organismo que depende del gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad. Por este motivo, la vicepresidenta presentó una nueva recusación.
Pero la zaga no quedó allí. Una vez que D’Alessandro fue apartado temporalmente de su cargo tras su viaje a Lago Escondido con funcionarios judiciales y las filtraciones de chats que lo involucran en posibles delitos, fue inmediatamente incorporado a las filas docentes de ese instituto que se encarga de la formación de la Policía de la Ciudad.
“Irregularidades en distintos nombramientos”
La legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aseguró que se detectaron varias “irregularidades en distintos nombramientos” y confirmó que los de Capuchetti y D’Alessandro son dos de ellos. Por este motivo, añadió, se citará al titular del ISSP a comparecer a la Legislatura.
La diputada porteña explicó que en ese organismo hay designaciones que surgen por un sistema de concurso, como en las cátedras universitarias, y otras que están a cargo del director. Estas últimas tiene un “sistema bastante elástico” para establecer los requisitos.
La jueza Capuchetti y su rol en el ISSP
En el caso de Capuchetti, la “irregularidad” de su nombramiento está vinculada a la “incompatibilidad” entre su cargo de magistrada y la figura por la que fue contratada.
“Un juez puede trabajar por fuera de la magistratura solo como docente. Capuchetti es investigadora Senior, acá hay una incompatibilidad", porque pertenece a un observatorio que se encarga de la planificación de las políticas públicas de seguridad. Es decir que tiene injerencia directa en el gobierno de la ciudad.
Esto quiere decir que la magistrada “tiene (en el ISSP) un rol de investigación vinculado al Ejecutivo, más que en la docencia. En esto hay una incompatibilidad”, sentenció Neira durante una entrevista por Radio 10.
Entonces, como la Policía de la Ciudad está siendo investigada por su rol en la vigilancia previa al atentado contra CFK, “es llamativo que la jueza está recibiendo dinero de la gente a la que tiene que investigar”, agregó.
El refugio de D'Alessandro
El llamado a Gabriel Unrein para explicar esta situación a la Legislatura lleva consigo otro pedido para que rinda cuentas sobre los motivos por los cuales contrató a D’Alessandro no bien este fue suspendido en su cargo tras los escándalos de Lago Escondido y los chats filtrados.
“No pudimos ni acceder a la carta en que D’Alessandro da sus fundamentos para pedir su licencia” como ministro de Seguridad y Justicia, aseveró Neira. La oposición en la Legislatura “tampoco pudo ver el expediente” que abrió el Ejecutivo porteño por el caso.
La clave es saber por qué el ministro suspendido se tomó licencia luego que se filtraran supuestos chats que mantuvo con Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En esos intercambios, Robles le sugería a D' Alessandro estrategias para que la Ciudad de Buenos Aires obtuviera un fallo favorable en el litigio por fondos coparticipables que mantiene con la Nación, algo que finalmente se produjo.
En medio de esta licencia “por escándalo público” y “más allá de cómo se hacen las designaciones, con no poder acceder a los fundamentos y el expediente, nos están tomando el pelo”, concluyó.
