El fallo de la Corte Suprema reactivó una pelea que la oposición había dado por perdida. Jornadas de negociaciones: la oposición busca acercar posiciones con aquellos que temen voltear todo el decreto y el Gobierno ofrece alternativas.
Para la oposición es ahora o nunca. El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras abrió un escenario inédito en el Congreso: por primera vez desde que asumió Javier Milei, la oposición está decidida a voltear el DNU 70/2023. El objetivo es aprovechar el malestar que la decisión judicial de los supremos generó en la sociedad –que ya se movilizó en contra de la extranjerización de tierras y está llamando a marchar el próximo martes– y convocar una sesión en la Cámara de Diputados para el 7 o el 15 de octubre. Tiene que ser lo antes posible, argumentan, porque no saben cuándo volverán a tener otra oportunidad para rechazar el megadecreto fundacional del gobierno libertario.
El día después de la publicación del fallo de la Corte, que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, la Cámara de Diputados amaneció en un hervidero de actividad. Temprano a la mañana, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal desembarcó en el despacho de Martín Menem para reunirse con los jefes de bloque aliados. El Máximo Tribunal había reabierto el capítulo de extranjerización de las tierras, que el Gobierno creía haber dejado atrás, pero la agenda oficialista se mantuvo imperturbable: el objetivo de aprobar el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional, impulsado por Santiago Caputo, continuó siendo una prioridad.
Mientras Ibarzabal intentaba convencer a los radicales y provinciales de acompañar la totalidad del proyecto, dos pisos más arriba, la bancada peronista debatía cómo responder al fallo de la Corte. El Senado ya había logrado voltear el capítulo de la Ley de Inviolabilidad que disponía la derogación de la Ley de Tierras –una iniciativa que el Gobierno tuvo que impulsar en el Congreso cuando la Cámara Federal de La Plata definió la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70– y ahora les correspondía a ellos hacer lo mismo.
Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los tres miembros de la Corte Suprema.
Hubo un sector, protagonizado por Juan Marino y Pablo Todero, que reclamó avanzaren un juicio político contra los tres supremos que firmaron el fallo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero no hubo consenso. “No está el número”, le recordaron sus compañeros de bancada, quienes intentaron avanzar en un jury contra los magistrados durante el último año de gobierno de Alberto Fernández y fracasaron.
Tampoco quedaba claro si estaba el número para terminar de voltear el DNU 70/2023, que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024. Pero se acordó que no había espacio para seguir dilatando la discusión. “Por primera vez creo en el principio de revelación. Hay que intentarlo”, afirmó una de las principales autoridades del peronismo, antes de ir a reunirse con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que fueron quienes impulsaron el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, que ponía un tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros.
Durante el resto de la tarde, las espadas del peronismo, Germán Martínez y Cecilia Moreau, se reunieron con las principales figuras de la oposición. La diputada de izquierda Myriam Bregman ya los había presionado la noche anterior para convocar a una sesión para voltear el decreto lo antes posible, y el peronismo se puso a juntar las firmas.
La diputada Agustina Propato con una bandera de los ex combatientes de Malvinas
El objetivo es convocar una sesión para el próximo 7 de octubre o, en última instancia, si no se llega con el número, para el 14 o 15. El jueves 15 está convocada la quinta marcha federal en defensa de la universidad pública, y la oposición tiene la expectativa de reunir en esa misma convocatoria todos los reclamos sociales que vienen impulsando en el Congreso: presupuesto universitario, emergencia en discapacidad, endeudamiento y, ahora, la Ley de Tierras.
Martínez conversaba con el lilito Maximiliano Ferraro, quien a su vez dialogaba con el radical díscolo Pablo Juliano. A unos metros, el socialista Esteban Paulon bromeaba con su compañera de Interbloque, la cordobesa Alejandra Torres, para que acompañara la derogación del DNU 70/2023. “Bueno hay que ver porque el DNU incluye muchas cosas”, atinó a decir, incomoda, la cordobesa, que suele jugar con el Gobierno nacional.
Era el gran escollo de la negociación: rechazar el DNU 70/2023 no implica solo rechazar la derogación de la Ley de Tierras, sino que barre con decenas de modificaciones y derogaciones de otras leyes. El megadecreto de Milei había eliminado la Ley de Alquileres y la de Compre Argentino, había desregulado el valor de las prepagas y había habilitado la transformación jurídica de empresas estatales en sociedades anónimas con el objetivo de facilitar su privatización. Hubo diputados que estaban dispuestos a eliminar la derogación de la Ley de Tierras, pero no todo.
La oposición ofreció, como alternativa, plantear debates legislativos específicos sobre las leyes que volverían a estar vigentes. Uno de los puntos de conflicto es, por ejemplo, la Ley de Alquileres, que diputados como Nicolás Massot no querían que vuelva a regir. El peronismo y los díscolos del radicalismo y la Coalición Cívica se comprometieron, a cambio, a debatir las iniciativas en el Congreso. Mientras tanto, las negras jugaban: el Gobierno, a través de mensajes y trascendidos, ofreció incluir el tratamiento de una nueva Ley de Tierras en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que todavía tiene que tratarse en Diputados.
Miguel Ángel Pichetto, a través de sus redes sociales, le sugirió al Gobierno incluir la nueva Ley de Tierras en el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional. En LLA tomaron rápidamente la posta, y lo están analizando como posibilidad. En la bancada opositora se miraban con sorpresa: ¿para quién jugaba Pichetto?
Todas estas negociaciones se dieron, irónicamente, en medio de la reunión de comisión por el proyecto que el Gobierno bautizó como “Defensa de la Soberanía Nacional”. Mientras las segundas líneas de Casa Rosada defendían el proyecto –no fue ni el canciller Pablo Quirno ni Ibarzabal, que había estado presente en Diputados una hora antes–, los legisladores opositores las cruzaban por la hipocresía de avanzar con un proyecto que decía defender la soberanía de las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, impulsar la derogación de la Ley de Tierras.
“El fallo de la Corte Suprema les cae desubicado como alfajor de pollo porque no se imaginaban que iba a traer esta discusión de la ley de Tierras nuevamente. El Gobierno planeaba bajo un paraguas soberanista meter a discutir cuestiones graves. Pero nadie puede creer que le importa Malvinas cuando están entregando el continente”, los cruzó, irónica, Bregman.
Mientras la diputada de izquierda hablaba, el diputado libertario Jairo Guzmán le gritaba por fuera del micrófono. Se metió Juan Grabois, quien lo mandó a callar y, cuando Guzmán lo chicaneó por su visita a Peter Thiel se levantó a increparlo. Estuvo a punto de irse a las manos, se llamaron “cagón” mutuamente y tuvieron que meterse otros diputados del peronismo y LLA a separarlos.
La escena volvió a repetirse unas horas después, cuando fue el turno de Grabois de tomar la palabra. La libertaria Juliana Santillán lo acusó de estar leyendo, y el líder de Patria Grande le respondió: “No estoy leyendo, tontita”. Empezaron los gritos, Grabois siguió insultando a toda la bancada libertaria –“Hipócritas, estafadores, mentirosos”, les decía– y algunos legisladores empezaron a pararse. El jefe del plenario, Carlo Zapata, intentaba poner orden y le cortaba el micrófono, y en un momento Grabois, irritado, le gritó: “Dejá de cortarme el micrófono, facho de mierda”.
“EEEhhh” le respondieron desde la bancada libertaria, cuyos integrantes se levantaron y se fueron. Zapata, furioso, decidió terminar unilateralmente la comisión.
MCM/MG
