La Corte Suprema está evaluando un nuevo pedido para anular la Ley de Tierras, iniciativa presentada por grupos ecologistas, comunidades mapuches y dirigentes políticos que exigen una medida cautelar solicitada desde agosto.
El máximo tribunal ha abierto un segundo expediente que examina la viabilidad de derogar la normativa que regula la propiedad de tierras, la cual ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones medioambientales y representantes de pueblos originarios. Estas entidades argumentan que la ley favorece la concentración de terrenos en manos extranjeras y vulnera derechos colectivos.
Los solicitantes, entre los que se encuentran liderazgos políticos, reclaman que la medida cautelar solicitada en agosto aún no ha sido atendida, lo que, según ellos, agrava la situación de inseguridad jurídica y afecta a las comunidades locales. La Corte, por su parte, deberá determinar si procede suspender temporalmente la aplicación de la normativa mientras se resuelve el fondo del caso.
