Patricia Bullrich encabeza las negociaciones con los opositores aliados, reacios a habilitar la desregulación total para que extranjeros puedan comprar tierra.
En un volantazo para conseguir el apoyo de los aliados, el Gobierno negocia cambios en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con los opositores cercanos. La clave de la negociación estaría en el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. Hay resistencia a la desregulación completa que plantea la iniciativa oficialista, cuando la norma vigente estable un límite del 15%.
Las conversaciones la encabeza la senadora Patricia Bullrich, que analiza llamar a una conferencia de prensa este martes para comentar los cambios una vez que estén cerrados. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo. Se especula que la propuesta libertaria sería elevar el límite de venta de tierra a extranjeros al 25%, corazón del capítulo de Tierras en el proyecto de ley, que además modifica la ley de Fuego y de barrios populares.
Este lunes el bloque de La Libertad Avanza tendrá una reunión a puertas cerradas para acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.
La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.
