Los recicladores urbanos se manifestaron contra una nueva licitación municipal que favorece a compañías internacionales y deja fuera a sus cooperativas, amenazando sus empleos.
El Ejecutivo de la ciudad lanzó un proceso de contratación pública que transformará radicalmente el modelo de gestión de residuos, priorizando a grandes firmas extranjeras y descartando la participación de los colectivos de reciclaje locales.
Ante esta medida, los trabajadores del sector organizaron una marcha para denunciar la pérdida de sus puestos y exigir la inclusión de sus cooperativas en la licitación, argumentando que su exclusión vulnera derechos laborales y la economía circular de la urbe.
