El juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria a dos gendarmes que participaron de la represión a las protestas contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri e hirieron al diputado Leonardo Grosso y a la entonces legisladora Victoria Donda Pérez cuando intentaron evitar que cargaran contra los manifestantes.
El 13 de diciembre de 2017, los diputados Grosso, Donda y Lucila de Ponti se encaminaban hacia el Congreso para participar de un abrazo contra la reforma de las jubilaciones. En ese momento, se encontraron que la Gendarmería les bloqueaba el paso: no solo a ellos, sino al resto de quienes se manifestaban.
Los legisladores se acercaron a unos uniformados para pedir hablar con quien estaba al frente del operativo de la Gendarmería. La respuesta que recibieron fue: “La jefa es Patricia Bullrich y no va a hablar con ustedes”. Después, comenzaron a golpearlos con bastones. A Donda le pegaron una patada en el tobillo izquierdo que la dejó inmovilizada. A Grosso le tiraron un perro que lo mordió en el abdomen.
Después del ataque, Grosso –dirigente del Movimiento Evita– presentó una denuncia por lesiones con el patrocinio de Myriam Bregman, la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad (FIT-U). En el juzgado, después de ordenar distintos exámenes médicos, acreditaron las heridas que sufrieron los diputados, pero la causa se demoró por la identificación de los gendarmes.
Finalmente, el juzgado determinó que Leonardo Rafael Acosta era el cabo encargado del perro de Gendarmería que se lanzó sobre Grosso y que Walter Nelson Zurita era el comandante y segundo jefe del operativo, que deberá responder por las lesiones a Donda.
Tanto Zurita como Acosta serán indagados el próximo 29 de marzo. No deberán presentarse en el juzgado 12 que subroga Lijo, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, sino que sus declaraciones serán telemáticas, pudo saber Página/12. Los dos gendarmes deberán designar abogados en la causa.
Los efectivos de Gendarmería deberán responder por el delito de lesiones y abuso de autoridad. “De los informes médicos incorporados al expediente, se pudo establecer que las lesiones padecidas requirieron para su curación un lapso menor a un mes desde la fecha de su producción, inutilizándolos para el trabajo por idéntico período de tiempo”, escribió Lijo al momento de convocarlos a indagatoria.
“El ataque fue el preludio de las represiones del 14 y del 18 de diciembre de 2017”, dice Bregman a este diario. “Fue una causa complicada porque la Gendarmería no quería que los identifiquemos, el Ministerio de Seguridad estaba conducido por Bullrich y nos tomaba el pelo”, agrega la diputada.
En la causa, había constancias de que en ese operativo del 13 de diciembre hubo once gendarmes que llevaban perros, lo que hacía que el universo total para la identificación no fuera demasiado amplio. Sin embargo, la fuerza de seguridad se las ingenió para demorar todo lo posible. “Nos mandaban fotos con las gorras puestas para evitar la identificación. Hasta eso tuvimos que pelear”, se queja Bregman. “Después de mucha insistencia, conseguimos que remitieran fotografías de los gendarmes posiblemente implicados sin la gorra que solo causaba confusión y dificultaba la identificación”, relata la diputada.
El violento operativo desplegado por la Gendarmería de Bullrich el 13 de diciembre de 2017 no solamente despertó las críticas del kirchnerismo y la izquierda, sino los cuestionamientos dentro de Cambiemos para la entonces ministra de Seguridad de Macri. Elisa Carrió salió a decir que la actual presidenta del PRO tenía que parar e incluso habló de la existencia de personal de seguridad sin identificación. Con el tiempo y con las investigaciones sobre espionaje en la era de Macri, se supo que los espías conocidos como Súper Mario Bros también estuvieron recabando información en esas protestas.
La Gendarmería fue la fuerza en la que se apoyó Bullrich durante su mandato. Después del operativo en el que resultó muerto Santiago Maldonado, la entonces ministra dijo que no iba a “tirar a un gendarme por la ventana”. La fuerza le retribuyó regalándole un sable antes del cambio de gobierno. La Gendarmería también estuvo involucrada en el contrabando de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales.
