El juzgado de Lomas de Zamora anuló la suspensión preventiva de la norma que baja la edad de imputabilidad, tras considerar que la solicitud de la magistrada Marta Pascual carecía de un daño concreto a derechos.
Según el fallo, la petición de la jueza no podía prosperar porque no se demostraba una afectación directa e individual de derechos fundamentales, requisito indispensable para que proceda una medida cautelar.
El tribunal también recordó que, mientras no exista una sentencia que anule la legislación, ésta goza de la presunción de validez y debe ser aplicada, lo que hizo imposible aceptar la suspensión solicitada.
