La Corte Suprema de Justicia les tomó juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos originalmente para representar a la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Invocando “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización” de ese órgano –paralizado de hecho a partir de la indebida incursión de la Corte en facultades de otros poderes del Estado–, el máximo tribunal decidió ignorar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, que había anulado la designación de la radical Roxana Reyes como consejera, y la consecuente decisión de la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, de dar marcha atrás con los nombres propuestos.
El acto se celebró por la mañana en el Salón Bermejo de la Corte y estuvo a cargo de su presidente y a la vez titular del Consejo, Horacio Rosatti, quien le tomó juramento a Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; a Álvaro González, por el PRO y a Reyes, por la Unión Cívica Radical (UCR). Estuvieron presentes los otros tres cortesanos –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti–, miembros del Consejo, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle y diputados de Juntos por el Cambio como el diputado radical Mario Negri, entre otros.
Antes de la ceremonia, Siley y Tailhade le enviaron una nota al supremo Rosatti en la cual fijaban su postura y formulaban su “reserva” por considerar que la acordada 34/22 de la Corte que ordenó la jura “vulnera atribuciones privativas de la Cámara de Diputados y desoye lo resuelto por un juez en una causa de su competencia”. “La Constitución consagra la división de poderes y le otorga atribuciones exclusivas al Poder Legislativo, que han sido avasalladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este conflicto, de enorme gravedad institucional, debe resolverse bajo los mismos parámetros para ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación”, insistió Siley desde sus redes sociales.
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A mediados de noviembre, la diputada Moreau, como presidenta de esa Cámara del Congreso, envió a la Corte y al Consejo los nombres de los cuatro legisladores designados como representantes de sus respectivos bloques. Días después, ante una acción de amparo presentada por el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, el juez Cormick anuló la designación de Reyes, que había ingresado en abril por la segunda minoría de Diputados, por considerar que la UCR y el PRO deben considerarse como una misma fuerza a efectos de nombrar representantes en el órgano encargado de seleccionar y controlar a los jueces. A partir de ese fallo se produjo la decisión de Moreau de suspender las designaciones, que derivó en el escándalo protagonizado por Juntos por el Cambio en la sesión del 1º de diciembre, que incluyó gritos, insultos y gestos obscenos de Cristian Ritondo.
El jueves pasado, 15 de diciembre, la Corte consideró válida la resolución parlamentaria que originalmente designó a esos cuatro legisladores y los elevó al Consejo para que les tomara juramento. Esa acordada, que firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, pero no Lorenzetti, repasó como antecedentes “la resolución parlamentaria 1608/22 de la Presidencia de esa cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del referido órgano”, y la posterior resolución 1634/22 que dejaba sin efecto la anterior tras el fallo de Cormick objetando a Reyes, que buscaba su reelección.
“Este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvieron los tres cortesanos. “Asimismo, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”, añadieron.
La acordada sostuvo que la resolución original de Moreau “fue dictada teniendo en cuenta las propuestas elevadas por los distintos bloques parlamentarios” y “cumplió todos los pasos establecidos para la designación de los representantes”. La jura de los diputados “no puede verse alterada por la posterior resolución 1634/22, en tanto fue dictada sin cumplir el procedimiento” establecido por la Ley del Consejo de la Magistratura, pues “se trata de una decisión tomada por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación sin la propuesta de los respectivos bloques”, cuestionó. Aclaró finalmente que “lo que aquí se dispone es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas” impulsadas mediante apelaciones y amparos por el presidente del bloque del FdT, Martínez, y por el diputado del PRO y consejero Álvaro González, referidas al proceso judicial en que quedó envuelto el trámite.
Hasta el momento, realizaron sus juramentos los consejeros que representan a jueces, académicos, abogados y el representante del Poder Ejecutivo. Todavía resta que la Corte resuelva la jura de los consejeros por el Senado de la Nación ante el per saltum que presentó el macrista cordobés Luis Juez en su búsqueda por quedarse con el asiento que le disputa al senador del FdT, Martín Doñate.
