La Cancillería ha puesto en marcha procesos legales contra 45 empresas y particulares que infringieron la prohibición de extraer recursos en el territorio de las Islas Malvinas sin la debida autorización.
El organismo de Relaciones Exteriores anunció que iniciará acciones judiciales contra los responsables que, según la normativa vigente, no pueden realizar actividades de explotación en la zona sin contar con los permisos correspondientes.
Las medidas buscan reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las islas y garantizar que cualquier actividad económica sea previamente aprobada por las autoridades competentes.
