El juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que impedía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, atendiendo los recursos de amparo interpuestos por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, y ordenó su puesta en vigor inmediata.
Con la decisión, el máximo magistrado confirmó que la norma impuesta previamente vulneraba derechos constitucionales, lo que obligó al Estado a revertir la medida que había suspendido el financiamiento a las instituciones de educación superior.
El Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, quienes habían solicitado la protección judicial, vieron cumplida su demanda, pues el fallo exige que la ley sea aplicada sin dilaciones, garantizando así los recursos económicos destinados a la universidad pública.
