La justicia otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la Ley de Financiamiento, advirtiendo posibles sanciones económicas; mientras tanto, rectores y gremios continúan vigilantes ante el controvertido historial del presidente.
El tribunal estableció un apercibimiento que obliga al gobierno a regularizar el pago de la normativa financiera antes del vencimiento, bajo la amenaza de medidas coercitivas que podrían impactar la economía nacional.
Instituciones académicas y organizaciones sindicales siguen expresando su preocupación por la conducta del mandatario, recordando episodios anteriores que consideran incumplimientos de la legislación vigente. Asimismo, la marcha federal prevista para el 15 de octubre se mantiene programada, pese a la tensión generada por el escenario judicial.
