Mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para financiar la educación superior, resignó en 2025 más recaudación por la rebaja de Bienes Personales de la que hubiera sido necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Los propios números oficiales muestran que el problema no es únicamente cuánto gasta el Estado, sino también qué decide dejar de recaudar.
