El conflicto en torno al financiamiento universitario no puede reducirse a una disputa presupuestaria. Se trata, más bien, de un conflicto profundamente político que involucra, a la vez, el futuro del sistema universitario y la orientación de un proyecto político económico nacional. Es también, como bien señalara Germán Pinazo, una expresión de la deriva autocrática que caracteriza a este gobierno: un gobierno que no cumple la ley, que no acata medidas judiciales, que ha decidido que la legalidad vigente es, para él, optativa.
