El Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro anuló el reglamento local que imponía condiciones no contempladas en la Ley 27.610, tras la solicitud de Amnistía Internacional.
El tribunal accedió a la mayor parte de los requerimientos presentados por la organización de derechos humanos, determinando que el protocolo municipal contravenía la normativa nacional al añadir exigencias ajenas a la legislación sobre el aborto legal.
Con la resolución, el juzgado ordenó la eliminación inmediata del documento interno, garantizando que el acceso a la interrupción del embarazo se regule exclusivamente por lo establecido en la Ley 27.610, sin obstáculos adicionales impuestas por la autoridad local.
