
La ley del mal menor le gana al principio de revelación. Después de boicotear la sesión opositora, el oficialismo debe ejecutar la segunda etapa de la maniobra y sesionar este miércoles para aprobar la nueva ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la eliminación del artículo 154 del DNU 70.
Martín Menem viene aplicando una nueva lógica política para evitar derrotas en el Congreso: priorizar el mal menor por sobre el principio de revelación, que rigió durante los dos primeros años de Javier Milei. El riojano negoció con los aliados para desactivar la sesión opositora que buscaba voltear el DNU 70/2023, aceptó meter la restitución de la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, y ahora le toca ejecutar la segunda etapa de la maniobra. Este miércoles, el oficialismo sesionará en la Cámara de Diputados para sancionar la nueva versión de la ley de Sturzenegger y aprobar sus propios proyectos de emergencia en discapacidad y endeudamiento.
El desafío de Menem será imponer los proyectos de La Libertad Avanza en dos temas que vienen siendo bandera exclusiva de la oposición hace meses. El presidente de la Cámara de Diputados aprendió por las malas –tres derrotas legislativas en solo un año– que el ajuste en discapacidad genera demasiada tensión social en las provincias como para seguir insistiendo ante los aliados. El escándalo que generó la presentación del Presupuesto 2027, con su capítulo que avanza contra todo el sistema de prestaciones de las personas con discapacidad, fue un llamado de atención. Para evitar una nueva ley de emergencia, Menem buscará impulsar su propio proyecto.
La iniciativa del oficialismo, que fue redactada por la bullrichista Laura Rodríguez Marchado, contradice abiertamente lo que propuso Milei en el Presupuesto. El proyecto retoma algunos de los puntos de la emergencia en discapacidad que impulsó la oposición el año pasado –y que Milei vetó y fracasó–, como la actualización de las prestaciones, la inclusión laboral y el nomenclador único. Pero incluye también algunas trampas formales, con las que el oficialismo pretende asegurarse que habrá un ajuste en el área.
Una de esas trampas es que solo habilita la cobertura de salud para las pensiones por discapacidad, y no a aquellos que cobran la pensión por “invalidez laboral”. Las pensiones por discapacidad fueron una novedad de la ley de emergencia con la cual se buscaba diferenciar la “invalidez laboral” de las personas que cuentan con una discapacidad, pero no necesariamente están imposibilitados para trabajar. El problema, advierten en las organizaciones, es que todas las nuevas pensiones que está distribuyendo el Gobierno son todas por “invalidez”. Es decir que ninguno de sus beneficiarios podrá acceder a una cobertura de salud gratuita integral.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en advertirlo, y es quien le está reclamando al oficialismo que modifique el dictamen para poder ampliar la cobertura para todas las pensiones. Herrera Ahuad tiene una discapacidad auditiva y es un voto clave para el oficialismo, que necesita que él y los otros tres diputados misioneros y tres diputados salteños que integran su bloque, Argentina Federal, acompañen su propuesta y no la de la oposición. En el bloque provincial advierten que hay un compromiso de modificarlo, pero predomina la desconfianza.
El proyecto de la oposición, mientras tanto, apunta a prorrogar la emergencia en discapacidad que se dictó el año pasado. Es una respuesta a las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad, y fue lo que movilizó el tema en el Congreso el año pasado.
El oficialismo pretende, ahora, tomar el tema como propio, y el desafío de los bloques opositores es avanzar con su propuesta. Necesitan, para eso, que todos los aliados que ayudaron a boicotear la sesión del DNU 70 se alineen, ahora, con ellos.
El otro tema es el de endeudamiento familiar, otro de los reclamos sociales que la oposición llevó al Congreso para disputar la agenda económica de Milei. La iniciativa del peronismo, junto al radicalismo díscolo, la Coalición Cívica y el socialismo, propone la creación de un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. Es un plan de reestructuración en 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. Y está destinado a todas aquellas personas que registran una mora de más de 60 días en créditos al consumo o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.
Es un tema que al oficialismo le incomoda, ya que el endeudamiento familiar interpela directamente al corazón del programa económico libertario. En la oposición reconocen que la propuesta es solo un alivio y que el origen del problema es la caída de los ingresos y la liberalización de las tasas de interés, pero el oficialismo se niega a aceptar esa narrativa. El objetivo de La Libertad Avanza es disputar el relato del aumento de la morosidad y encarar el problema como si fuera un tema de transparencia y educación financiera.
La verdadera apuesta de Menem, sin embargo, es que la sesión se caiga antes de llegar al tema de endeudamiento. El oficialismo solo incluyó el proyecto para desactivar la sesión de la semana pasada, que incluía estos dos proyectos, pero no tiene verdadero interés en tratarlo. Por eso es que la ley de endeudamiento está última en el temario y se espera que se debata por la madrugada: el objetivo es que, para entonces, falten demasiados diputados y se caiga la sesión por falta de quórum.
Ley de Tierras
El primer proyecto que se debatirá el miércoles es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Menem modificó el proyecto de Sturzenegger la semana pasada, incluyendo un artículo que deroga el artículo 154 del DNU 70 y restituye la Ley de Tierras en la Argentina. Fue la maniobra que le permitió evitar el rechazo a todo el DNU 70 la semana anterior, y ahora es tiempo de continuar el plan hasta el final.
El proyecto incluye también un capítulo de desalojos exprés y otro que encarece las expropiaciones, que ya fueron aprobados en el Senado. De aprobarse en Diputados, la ley deberá girar a su cámara de origen y definir si acepta o no los cambios. Patricia Bullrich, que está peleada con Menem, será quien defina si le salva o no el pellejo a la estrategia del riojano.
MCM/CRM



