Griselda Inés Ortiz (45), la ex policía de la Bonaerense que fue detenida acusada de reclutar mercenarios para pelear en la guerra entre Ucrania y Rusia.
DIB
Luego de la detención de una exoficial de la policía bonaerense por integrar una red dedicada a reclutar personal de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos para combatir como mercenarios en la guerra de Ucrania, presentaron un proyecto de ley para tipificar como delito es práctica en el Código Penal.
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La expolicía detenida es Griselda Inés Ortiz, que fue apresada en Tigre, acusada de integrar una red que reclutaba argentinos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de fuerzas mercenarias a las órdenes de este último país. La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora .
Conocidos estos hechos, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FR) presentó un proyecto de reforma al Código Penal destinado a tipificar el reclutamiento de mercenarios y las organizaciones armadas privadas ilícitas.
La iniciativa define como mercenario a quien, a cambio de una remuneración, presta servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional, y penaliza tanto la conducta individual como la constitución, financiamiento, organización e integración de estas estructuras.
Según los fundamentos del proyecto presentado por el diputado del massismo, la norma busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
Reclutamiento de mercenarios
Asimismo, la propuesta prevé un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, utilicen a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
De forma complementaria, el texto excluye explícitamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales, a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las empresas de seguridad privada que operan conforme a la ley y al personal humanitario y sanitario.
Por otra parte, la iniciativa incorpora una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos, al reconocer las modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. En tal sentido, busca anticipar la tutela penal frente a estructuras que se despliegan con logística, inteligencia y financiamiento privados.
Sin herramientas vigentes
Según argumentó Gutiérrez, la legislación argentina vigente no dispone de herramientas específicas para enfrentar estas amenazas, por lo que la reforma resulta imprescindible para fortalecer la capacidad preventiva del Estado. En este contexto, el autor del proyecto afirmó: "Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado".
La necesidad de fortalecer la regulación interna sobre el mercenarismo y las organizaciones militares privadas responde a advertencias reiteradas por parte de organismos internacionales.
Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja (a través del Documento de Montreux) como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han alertado sobre la expansión de estas estructuras, los riesgos que representan para el Derecho Internacional Humanitario y la urgencia de que los Estados adopten marcos regulatorios eficaces.
Fuente: Agencia DIB.
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