El caso de Fernández Sagasti expuso algo más profundo que la discusión sobre una excepción para una legisladora embarazada: la desconfianza hacia los privilegios de la dirigencia política y una crisis de representación que Milei convirtió en combustible. Cuando esas tres discusiones se mezclan, hasta una situación en la que debería haber poco margen para la duda termina atrapada en la lógica del resentimiento contra la “casta”.
Dos deformaciones profesionales se baten a duelo en mi cabeza cada vez que sigo un debate público como el del caso de Fernández Sagasti. La mitad de mi cerebro que estudió filosofía se angustia ante la infinidad de temas mezclados y piensa que si una va a escribir algo, lo que debería hacer es justamente separar esa mezcla; enumerar las distintas discusiones que se están dando a la vez y decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La mitad de mi cerebro que escribe literatura, en cambio, un poco se regocija: estos debates siempre me recuerdan que para que una escena de diálogo esté viva, sea entre dos, tres o miles de personas, tiene que ser exactamente así. El intercambio ordenado de ideas por fuera de una clase de lógica es una situación profundamente artificial, tan abstracta como una ecuación: en las conversaciones reales, cada uno está hablando de otra cosa y cada cual termina pensando lo que quiere. Esa para mí es una de las dificultades centrales de escribir un diálogo en una novela, en un guion o en una obra de teatro: necesitás que el espectador “entienda” algo (al menos, que entienda la situación: quién está enojado con quién y por qué, pongamos), y a la vez, para que el diálogo se sienta auténtico, necesitás que los participantes no se entiendan.
En este caso, lo que yo creo es que hubo al menos tres conversaciones en cortocircuito a la vez. En primer lugar, la conversación sobre las excepciones y beneficios que se les deben dar a las mujeres embarazadas; en segundo lugar, la conversación sobre las excepciones y beneficios que deben darse a nuestros funcionarios públicos (y específicamente, a nuestros legisladores); en tercer lugar, la conversación sobre la importancia excepcional de esta votación en particular, la de la ley de tierras, tanto en términos políticos prácticos como en términos simbólicos, y en el contexto particular del gobierno de Milei y su provocación antinacionalista constante.
Mi sensación es que si una discrimina entre los tres temas y separa la paja del trigo hay charlas que ya no tienen sentido. En relación con las personas embarazadas, y en particular lo que se le pide a una persona que está cursando las últimas semanas de un embarazo de riesgo, pienso que la mayoría de la gente piensa que hay poquísimas razones para evaluar el costo beneficio de violar una indicación médica. El argumento de “lo hubiera pensado antes” es flaco: las recomendaciones médicas en un embarazo cambian día a día, sobre todo cerca del final. La idea de ir “en tramos cortos” es igual de absurda: una persona que no puede afrontar un viaje de una hora en avión por supuesto que tampoco puede ir todos los días una o dos horas en ruta, a riesgo de entrar en trabajo de parto en cualquier lado, lejos de un centro médico capacitado para atenderla.
Lo interesante es la incomodidad con que se le habilite el “voto telemático”, incluso como excepción, porque allí es donde aparecen los otros dos debates que mencioné al principio. La realidad es que no habría ningún dilema en otorgar la excepción si no estuviera supuesto que los legisladores van a aprovecharse de esa excepción. La idea de que las normas tienen que estar hechas para los peores de los hombres colisiona con cualquier intento de buena fe; supongo que eso se nota más cuando se entrará de excepciones para embarazadas, personas con discapacidad o problemas de salud. En el fondo, no es viable ni sostenible una sociedad con ese nivel de resentimiento contra quienes gobiernan: se hace patente ni bien las papas queman. Así ingresa entonces el último tema: no te pedimos nunca nada, ni nos fijamos si vas o no vas a tu lugar de trabajo, cobrás 12 millones de pesos (que es muchísimo: la distancia del ingreso entre los representantes y el ciudadano medio no es así de grande en los países del primer mundo, ni siquiera en un país desigual como Estados Unidos), y una vez que hay una ley importante y te necesitamos, no estás. Eso es lo que explotó en los últimos días, y la sorpresa, quizás, es que no fue solo entre ciudadanos comunes, sino incluso entre simpatizantes y militantes del peronismo.
Pienso que el problema es que algunos políticos todavía creen que el discurso de “la casta” es eso, un relato que Milei logró instalar, y no un resentimiento basado en desigualdades muy reales. Ese resentimiento fundado profundiza no solo la crisis de representación, sino una violencia social general: que personas que en ninguna circunstancia defenderían poner en riesgo un embarazo avanzado estén discutiendo casi en términos de “se embarazan por un plan”. El problema es que no es solo un relato, no es un tema simbólico que vaya a cambiar con discursos y más discursos: mientras la distancia no cambie, y los políticos sean percibidos no como servidores públicos sino como una élite de personas beneficiándose de privilegios que no podrían obtener de ninguna otra manera que a través de un cargo (no es una percepción errada, en la mayoría de los casos), estas discusiones van a terminar siempre en una agresividad atávica, que espera estos momentos para relajar los pudores.
TT/MG
