Gustavo Antonio Gauna, comisario de la Policía Federal y hombre de confianza de Bullrich, quedó señalado como el efectivo vestido de civil que disparó durante la represión del jueves frente al Congreso. Reclaman explicaciones al Gobierno mientras se eleva un informe a la Justicia.
Bufanda a rayas, sobretodo negro, jean y zapatos, la cara con una mueca de la boca hacia abajo, y el arma apuntando directamente a los manifestantes. Ascendido dentro de la Policía Federal por Cristina Kirchner en 2009, cercano a Patricia Bullrich tras sus pasos en el Ministerio de Seguridad, el comisario Gustavo Antonio Gauna quedó al descubierto por los fotorreporteros como el rostro de la feroz represión que desató el Gobierno el jueves pasado en el Congreso contra la marcha que reclamaba la caída de la ley de Propiedad Privada. Se lo vio también de civil empuñando un arma en febrero pasado, estuvo en la detención a Juan Grabois el año pasado y declaró contra los policías que asesinaron a Lucas González, el jugador de Barracas Central.
La confirmación de la identidad de Gauna reavivó el reclamo por el uso de personal no uniformado durante protestas sociales y por el nivel de violencia institucional desplegado en los últimos operativos. Tanto el policía como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fueron denunciados por abuso de autoridad y apremios ilegales. Además, desde el Congreso reclaman la interpelación para la funcionaria de Javier Milei.
Una fuente con conocimiento directo del Ministerio de Seguridad sostuvo que probablemente haya sanciones internas para Gauna, aunque defendió el operativo policial: explicó que se trata de personal de brigadas de investigaciones, que trabaja habitualmente de civil y cuya función es identificar y demorar a quienes cometen delitos en flagrancia durante las manifestaciones. La misma fuente reconoció, sin embargo, que existen “cuestiones culturales” en torno a la identificación de estos agentes que deberían explicarse mejor a la ciudadanía, en particular cuando ese personal actúa armado en medio de una multitud.
Este lunes temprano desde el Mapa de la Policía denunciaron que Gauna violó el estatuto de la Federal. “Son policías sin sus uniformes oficiales, es decir, que violan el estatuto de la Policía Federal. Cualquier fiscal debería actuar”, apuntó Maximiliano Ledesma, sociólogo e integrante de la organización que ayudó a identificar al gendarme que atacó al fotógrafo Pablo Grillo el año pasado.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) calificó como “abusivo y desproporcionado” el uso de la fuerza durante la jornada del jueves tanto en el Congreso como en Plaza de Mayo. El organismo detalló el uso de balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y camiones hidrantes contra manifestantes y transeúntes, disparos por arriba de la cintura y apuntando a la cabeza a corta distancia, y un operativo que se extendió por casi cinco horas.
Según el relevamiento de la CNPT, hubo 28 personas detenidas —15 ya habían sido liberadas al viernes— y al menos una trabajadora de prensa resultó herida mientras cubría la protesta. El organismo expresó además su preocupación por la denuncia presentada por autoridades nacionales contra los manifestantes, que encuadra los hechos dentro de figuras agravadas de la Ley Antiterrorista. Este lunes, la CNPT trabaja en un informe que será remitido a la Justicia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo este lunes un análisis técnico de imágenes de prensa que agrava el cuadro sobre el operativo policial. Según el organismo, Gauna no solo vestía de civil y carecía de identificación —sin nombre ni legajo visibles, en infracción a la normativa que exige a los agentes no uniformados llevar indumentaria de la fuerza y estar identificados—, sino que empuñaba un arma apta para cargar munición de plomo, prohibida en el control de manifestaciones, y apuntaba en forma directa a los manifestantes. El CELS calificó lo ocurrido como una “intervención criminal” y advirtió que el operativo del 6 de agosto “puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifiestan”, en un comunicado que cerró: “El Estado convirtió la protesta en un escenario de violencia policial. Protestar, hacerse escuchar, peticionar, son derechos”.
El organismo también documentó el uso de pistolas lanzagases con disparos paralelos al suelo —un tipo de arma que estuvo prohibido hasta diciembre de 2023— y de escopetas apuntando a la altura de la cabeza de los manifestantes, una práctica que puede provocar fracturas de cráneo, lesiones cerebrales, daños oculares, ceguera permanente o la muerte, según detalló el CELS. Para la organización, la reiteración de ese patrón de disparos —tanto por parte de personal uniformado como de agentes de civil— confirma que el uso de munición antidisturbios en las protestas contra las políticas del Gobierno no responde a hechos aislados sino a una modalidad de intervención que ya dejó víctimas graves, como el caso de Grillo.
Gauna fue ascendido por un decreto de Cristina Kirchner en 2009, según registros del Boletín Oficial.
El episodio de Gauna se inscribe en un patrón que organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición vienen denunciando desde hace meses: el protocolo antidisturbios establece que las balas de goma deben dispararse en un ángulo de 45 grados para evitar impactos en la cabeza o el torso, una regla que las fuerzas federales vienen incumpliendo de manera sistemática. La presencia de agentes armados y no identificados entre los manifestantes agrega otra capa de conflictividad: referentes legislativos advierten que esa práctica vulnera la Ley de Seguridad Interior y evoca métodos de la última dictadura.
El diputado Esteban Paulón pidió que la ministra de Seguridad se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre el operativo y sobre la actuación de las fuerzas federales. Solicitó precisiones sobre si existe una investigación por la represión “injustificada”. Por su lado, el diputado Juan Grabois reconoció a Gauna como el mismo agente que lo detuvo arbitrariamente en junio del año pasado en el Instituto Perón, cuando el dirigente social se desempeñaba como abogado en una protesta pacífica. Según el legislador, el testimonio de Gauna sobre una supuesta lesión en la mano fue la base con la que el juez Alejo Ramos —también cuestionado por su rol en la causa “Lago Escondido”— lo procesó a pedido del fiscal Mahiques.
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, recordó que conoció a Gauna durante el juicio por el crimen de Lucas González, el jugador de Barracas Central asesinado por una brigada policial, cuando el comisario declaró contra sus propios compañeros y dijo la verdad pese al costo que eso implicaba. “Lo que hiciste bien entonces siempre te lo voy a reconocer, pero ningún antecedente honorable funciona como salvoconducto para el futuro”, escribió Dalbón, quien ya denunció al policía y a la ministra ante la Justicia.
MC
