La Justicia porteña rechazó la demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la madre de una estudiante de secundaria que había participado en una de las tomas de colegios que se produjeron a fines de 2022. El Ministerio de Educación porteño había denunciado entonces por daños y perjuicios a más de 300 padres y madres al considerarlos adultos responsables de la decisión de sus hijos, pero cuatro años después la Justicia determinó en un caso que sienta precedente que la toma de colegios no constituye de por sí un daño para el GCBA, que quería cobrarle hasta tres millones de pesos a cada familia por las jornadas sin clases.
