El proyecto de reforma del área protegida del Monumento fue retirado de la comisión después de la fuerte oposición de los residentes y diversas organizaciones, deteniendo la expansión inmobiliaria.
Las autoridades oficiales decidieron eliminar la propuesta de cambio para la zona protegida, respondiendo a la presión ejercida por los habitantes locales y grupos vinculados al medio ambiente.
Este rechazo colectivo logró frenar los planes de desarrollo inmobiliario que amenazaban el territorio, consolidando la victoria de la comunidad vecinal y sus aliados.
