En los primeros meses del 2026 Venezuela ha sido víctima de dos acontecimientos traumáticos. Primero, el 3 de enero, el ataque militar denominado “Operación Resolución Absoluta” lanzado por el gobierno de Estados Unidos en contra de Caracas y, marginalmente, otras ciudades como La Guaira. Segundo trauma: el doble terremoto del miércoles pasado. Pero vayamos por partes. Se suponía que con aquella audaz maniobra se crearían las condiciones necesarias para precipitar una insurrección popular en contra del gobierno chavista y, de este modo, lograr el tan ansiado “cambio de régimen” que Washington persigue sin pausa desde el momento mismo en que Hugo Rafael Chávez Frías triunfara en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. La operación de marras obtuvo un logro parcial pero importante: el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, la diputada Cilia Flores. Pero pese a su pomposo nombre fue un fracaso monumental desde el punto de vista militar y político, como también lo fue la “Operación Furia Épica”, el ataque de EEUU e Israel contra Irán. Pese a lo intimidante de sus nombres en ambos casos el “régimen” –en este caso el gobierno chavista– permaneció, al igual que su homólogo en Teherán, de pie. Hablamos de fracaso porque basta comparar el enorme despliegue de más de 150 aeronaves, entre aviones y helicópteros, un portaaviones, un submarino nuclear y un acorazado utilizados para asolar al territorio venezolano, más los 15.000 efectivos movilizados para el combate y el comando de 200 hombres de la Delta Force que fue la encargada de la “extracción” (eufemismo para no decir el secuestro) de Maduro, con los equipos y la tropa utilizados el 2 de mayo del 2011 para capturar nada menos que a Osama bin Laden, supuestamente escondido en la ciudad paquistaní de Abbottalabad: 23 integrantes del Comando Seal con el apoyo de un total de cinco helicópteros y un portaaviones, para concluir que la significativa desproporción entre el equipo y el personal utilizado en ambas iniciativas demuestra con elocuencia que la “Operación Resolución Absoluta” tenía objetivos muchísimo más amplios que el secuestro de Maduro. Y les salió mal. El gobierno chavista permaneció en el poder, el “régimen” no se desplomó y las masas no inundaron las calles pidiendo la cabeza de sus gobernantes. No obstante, la transición ordenada bajo la mortal amenaza explícitamente comunicada por la Casa Blanca al gobierno bolivariano delegó el mando en la persona de Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”, dejando al gobierno chavista y a la economía venezolana en una condición de radical subordinación a los mandatos emanados desde Washington. De hecho, se habla de un protectorado informal o una condición semicolonial de facto que se manifiesta en el descarado e impune robo del petróleo venezolano, dado que lo producido por su venta se deposita en una cuenta especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sólo una mínima parte se remite a Caracas; o del mantenimiento de las casi 1.100 “medidas coercitivas unilaterales” que aún hoy, cinco días después del doble terremoto que devastó La Guaira y parte de Caracas, siguen en pie; o los visibles cambios en la agenda de la política exterior de la República Bolivariana sobre todo después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas durante siete años. Pero, ¡atención!: estamos ante acontecimientos “en pleno desarrollo”, como solía decir Walter Martínez, y no sólo en Latinoamérica y el Caribe sino a nivel mundial. Por eso el tiempo dirá si este avasallamiento de la soberanía nacional venezolana es una ineludible opción táctica defensiva –“por ahora”, como diría Chávez– o sí, desgraciadamente, se trata de una capitulación definitiva. Confiamos en que sea lo primero. Es alentador que Washington no haya podido lograr sus objetivos de máxima, “cambiar al régimen”; pero hay que reconocer que lo que ha quedado en pie guarda pocas semejanzas con el chavismo original.
