La Emergencia Ferroviaria quedó en vía muerta. Dos años después del decreto que el Gobierno presentó como respuesta al choque de dos formaciones de la línea San Martín a la altura de Palermo, los fondos prometidos para obras de infraestructura y seguridad —que la red del AMBA pide a gritos— siguen sin aparecer. Del presupuesto original pautado en $1,3 billones en junio de 2024 (unos USD 1.400 millones al tipo de cambio de ese entonces) para los siguientes 24 meses, hasta ahora solo se ejecutaron poco más de $570 millones, un 44 por ciento del total. Ese ajuste indirecto por subejecución derivó en que ninguna de las grandes obras proyectadas se haya concretado: apenas alcanzó para la compra de tres locomotoras a China para el tren Mitre anunciada a inicios del 2025. La falta de inversión redundó en que los problemas del sistema, que habían motivado la decisión, empeoraran: según los datos que maneja la Unión Ferroviaria, en los primeros cuatro meses del año ya hubo 101 descarrilamientos en distintas formaciones del AMBA y el interior del país (contando las líneas de cargas), un aumento del 30 por ciento respecto al año pasado, que ya había sido un muy mal año en materia de accidentes.
