La Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente, rechazó el recurso interpuesto por el gobierno y dejó firme la cautelar que obliga a la administración libertaria a cumplir con los artículos de la Ley de Financiamiento que garantizan la actualización de los salarios de los trabajadores y las becas de los estudiantes. A partir de ahora, los funcionarios que con responsabilidades en el área decidan incumplir la norma, podrían afrontar sanciones económicas y ser denunciados ante la justicia. En paralelo, todavía queda pendiente lo que suceda con el resto de la Ley que incluía gastos de funcionamiento, infraestructura y garantizaba fondos para investigación y extensión universitaria. Desde la subsecretaría de Políticas Universitarias, que suelen adobar un perfil público digital verborrágico y combativo, aún no comunicaron nada. Solo se destacan por batir un récord: acumulan exactamente 250 días sin cumplir una norma.
