Una demanda judicial intenta detener la supuesta venta de acceso a los comunicados presidenciales publicados en la plataforma Truth Social, alegando que se trata de una práctica inconstitucional.
El expediente legal, interpuesto por un grupo de ciudadanos y organizaciones, sostiene que el expresidente está aprovechando su posición para obtener beneficios económicos al cobrar por la visualización de sus declaraciones oficiales en la red social que dirige.
Los demandantes argumentan que esta modalidad vulnera el principio de gratuidad de la información pública y contraviene la Constitución, por lo que solicitan al tribunal que ordene el cese inmediato de dicha “monetización” y establezca medidas para garantizar el acceso libre a los mensajes oficiales.
