Un decreto presidencial aceptó formalmente la dimisión de la subsecretaria de Planificación General de la Presidencia, que supervisaba la residencia presidencial.
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El Gobierno aceptó la renuncia de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y una de las funcionarias de confianza de Karina Milei. Lo oficializó el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.
La norma se limita a agradecerle a la funcionaria “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. La salida se produce pocos días después de una reorganización en la Quinta de Olivos: el Gobierno disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial y transfirió sus funciones a la Casa Militar, con 12 despidos de personal civil. La Casa Militar tendría hasta 60 días para completar el traspaso de tareas y bienes.
Agudiez estaba a cargo de la planificación de servicios de la Secretaría General y supervisaba el mantenimiento de la Casa de Gobierno y de las residencias de Olivos y Chapadmalal, además de la actualización tecnológica, la coordinación de traslados terrestres y aéreos y las actividades del Museo del Bicentenario. Es licenciada en Relaciones Públicas por la UCES y tiene un posgrado en Defensa Nacional y Militar de la Universidad de la Defensa. Fue candidata en 2021 a diputada nacional y en 2023 a concejal en Escobar, sin llegar a ocupar una banca.
Entre los desplazados de Olivos estuvo Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la quinta y mantenía un vínculo familiar con Agudiez. Los cambios fueron atribuidos a “filtraciones” sobre las actividades de Milei y su círculo cercano. La nueva gestión de la Casa Militar “tiene la facultad de designar a su propio equipo” al frente de la residencia.
El decreto tampoco indica quién ocupará la Subsecretaría de Planificación General, que queda vacante.
En el mismo Boletín Oficial se publicó el Decreto 1044/2026, firmado por Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que designa al abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional. La designación rige desde el 3 de agosto de 2026, es decir, siete semanas antes de su publicación.
Argibay Molina venía de ejercer como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y había conducido de manera transitoria la Dirección de Investigación Criminal. Según los medios que reprodujeron el decreto, reemplaza a Marcelo Carlos Romero, que había sido designado en 2025. La subsecretaría supervisa el Consejo Federal de Delitos Económicos, creado por la Resolución 230/2026, que aborda el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la evasión fiscal.
