El Tribunal Oral Federal N° 5 impuso penas de prisión condicional por administración fraudulenta y ordenó el decomiso de bienes por más de $206 millones. Otros cuatro exfuncionarios también fueron declarados inocentes.
El Tribunal Oral Federal N° 5 absolvió este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en el juicio por la causa Sueños Compartidos y condenó al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales federales de Comodoro Py, un día antes de que venciera el plazo de prescripción de la acción penal considerado por la Fiscalía.
López y Fatala fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua por considerarlos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, Sergio Schoklender recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que su hermano Pablo fue sentenciado a dos años y cuatro meses. Ambos fueron considerados partícipes necesarios del mismo delito.
Además de De Vido, fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel y Karina Nasif, exfuncionarios de la provincia de Santiago del Estero.
Las penas quedaron por debajo de las solicitadas durante el juicio por el fiscal Diego Velasco, quien había reclamado seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, y cuatro años para el resto de los acusados.
Antes de dar a conocer el veredicto, el tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas para que se declarara extinguida la acción penal. Los abogados habían argumentado la vulneración del derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable y la prescripción de la causa, además de plantear la nulidad de los alegatos de los acusadores.
Por mayoría, los magistrados también ordenaron el decomiso de los bienes cautelados por un total de $206.438.454,05, cifra que el tribunal estableció como el monto de los fondos públicos desviados. Esa suma deberá actualizarse cuando la sentencia quede firme.
Los fundamentos de las condenas y absoluciones se conocerán el próximo 13 de noviembre a las 17, cuando se realizará una nueva audiencia convocada por el tribunal.
El juicio había comenzado en marzo y tuvo como objeto determinar las responsabilidades por las irregularidades en el manejo de los recursos que el Estado nacional destinó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
La investigación se centró en el destino de más de $206 millones y en el funcionamiento del programa entre 2005 y 2011. La causa puso bajo la lupa la ejecución de obras públicas con sobreprecios y contrataciones realizadas sin licitación, entre otras irregularidades detectadas en el manejo de los fondos destinados a los planes habitacionales.
Con información de la agencia NA
