El Ejecutivo busca recaudar unos US$500 millones con el traspaso de la compañía al sector privado. Organizaciones socioambientales y territoriales se movilizarán frente al Ministerio de Economía para rechazar el proceso y advertir sobre las tarifas, los controles de calidad y el acceso al servicio.
El Gobierno dará este martes 15 de septiembre un paso clave en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la apertura de las ofertas de los interesados en quedarse con la compañía, en una jornada que estará acompañada por una movilización de organizaciones socioambientales y territoriales frente al Ministerio de Economía.
La apertura de las propuestas está prevista para las 10, luego de que el cronograma fuera postergado a fines de agosto ante el pedido de algunas empresas de contar con más tiempo para completar la documentación requerida. Según fuentes oficiales, la extensión del plazo buscó ampliar la participación y la competencia entre los posibles oferentes.
El Ejecutivo aspira a recaudar alrededor de US$500 millones con una de las privatizaciones incluidas en la Ley Bases de 2024. El proceso contempla que el 90% del capital de AySA termine en manos privadas, mientras que el 10% restante continuará en poder de los trabajadores.
La licitación se realizará mediante un esquema de “etapa múltiple”. En una primera instancia se determinará si las propuestas cumplen con las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego. Posteriormente se abrirán las ofertas económicas de quienes hayan superado esa evaluación para determinar cuál resulta más conveniente.
Mientras se desarrolle esa instancia, organizaciones nucleadas en el Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora se concentrarán desde las 9.30 frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250, para manifestarse contra el traspaso de la empresa.
Entre las consignas de la convocatoria figuran “No a la privatización de AySA”, “No a la reducción de controles de la calidad del agua” y “No a las tarifas abusivas ni al corte de agua por falta de pago”. También cuestionan la participación de la empresa estatal israelí Mekorot como asesora técnica del proceso.
“El agua es vida, no mercancía” y “Defender el agua es una cuestión humana, no partidaria” son otros de los lemas con los que las organizaciones convocaron a la protesta.
Cómo será la privatización
AySA presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
El Gobierno había aprobado a fines de abril el contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo por otros diez.
El esquema previsto establece que en una primera etapa se transfiera a un operador estratégico el 51% de las acciones actualmente en poder del Estado. Posteriormente se realizará una oferta pública inicial para colocar otro 39% en el mercado de capitales. El Programa de Propiedad Participada de los empleados conservará el 10% restante.
De esa manera, el Estado nacional dejará de tener participación accionaria en la compañía una vez completado el proceso.
El pliego impone además una serie de requisitos para quienes aspiren a quedarse con el control de la empresa. El operador técnico deberá acreditar por lo menos cinco años de experiencia, dentro de la última década, en la gestión de servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales.
Esa experiencia tendrá que haberse desarrollado en un centro o conglomerado urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y con un mínimo de 500.000 usuarios.
En el plano financiero, los interesados deberán demostrar capacidad o antecedentes en la estructuración u obtención de financiamiento para proyectos de infraestructura, servicios públicos, empresas reguladas o actividades de una escala comparable a AySA por un monto acumulado no inferior a US$150 millones durante los últimos diez años.
También deberán acreditar un patrimonio neto consolidado de al menos US$300 millones. Para fondos de capital privado, consorcios y otras estructuras plurales de administración de activos, la exigencia será de US$1.000 millones en activos bajo gestión.
Protestas y cuestionamientos
La concentración frente al Ministerio de Economía tendrá lugar pocos días después de otra movilización contra la privatización. El viernes 11, vecinos, organizaciones sociales y ambientales y sindicatos marcharon desde Plaza Grigera hasta las oficinas de AySA en Lomas de Zamora con las consignas “El agua no se vende” y “El agua se defiende”.
El Foro Hídrico y Ambiental sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento debe ser considerado un derecho y cuestiona que la prestación pueda quedar subordinada a criterios de rentabilidad.
Entre las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones aparecen la posibilidad de nuevos aumentos tarifarios, los cortes del suministro por falta de pago y una eventual disminución de los controles sobre la calidad del agua.
También reclaman que el Estado mantenga sus responsabilidades respecto de la prestación del servicio, particularmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Otro foco de las críticas es la participación de Mekorot. Las organizaciones cuestionan el asesoramiento de la compañía israelí en la estructuración del proceso y reclaman mayor acceso a la información técnica y económica vinculada con la operación.
Un fallo en medio del proceso
La disputa por el futuro de AySA también llegó a la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó recientemente una medida cautelar que impide que la compañía modifique o reduzca determinadas obligaciones vinculadas con la prestación del servicio.
La resolución ordenó a AySA abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la adecuada prestación. La causa fue posteriormente remitida al fuero federal.
Las organizaciones que convocaron a la movilización consideran que el pronunciamiento judicial refuerza su reclamo para que el proceso de privatización no implique una disminución de las responsabilidades estatales en materia de acceso al agua y al saneamiento.
