El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decidió prescindir de una investigadora destacada en el campo de los agroquímicos, bajo alegaciones administrativas que, según ella y varios colegas, carecen de fundamento y responden a motivaciones políticas.
La medida fue anunciada después de que la investigadora, reconocida por sus aportes al análisis de los efectos de los pesticidas en la salud y el medio ambiente, fuera señalada por supuestas irregularidades en la gestión de recursos. La comunidad científica ha denunciado que dichas acusaciones no se sustentan en pruebas concretas y que buscan desacreditar su trabajo.
El ex‑empleo de la investigadora ha generado debate sobre la independencia de la investigación agropecuaria en el país, mientras organizaciones y colegas exigen una revisión transparente del proceso y la restitución de su posición.
